En 2025 evaluó 31 capitales estatales y encontró un promedio de cumplimiento del 49%, frente al 31.8% registrado en 2018. El cambio no puede atribuirse exclusivamente al colectivo, pero su metodología permite identificar avances y retrocesos y orientar propuestas de mejora. (Ver Evaluación de capitales 2025 -Herramientas y evaluaciones de 2026)
Ha desarrollado iniciativas como De Olho na Câmara de Vereadores, orientada al seguimiento de los concejos municipales, además de actividades de educación ciudadana y proyectos vinculados con sostenibilidad. Su campaña Quem Ama Participa expresa una idea particularmente útil: relacionar el compromiso cívico con el bienestar de la propia comunidad. La información disponible describe su trayectoria, aunque sus resultados operativos recientes requieren mayor verificación. (Ver Trayectoria, proyectos y metodología - Actividades e impacto comunitario declarado)
Entre sus iniciativas vigentes figura Transparentes, desarrollada con Chile Transparente, que combina organizaciones civiles, formación, investigación y seguimiento legislativo. También impulsa una Escuela de Incidencia y proyectos de monitoreo de compromisos climáticos. Su experiencia demuestra cómo las herramientas tecnológicas pueden ayudar a organizar información pública y facilitar la vigilancia ciudadana, siempre que estén conectadas con procesos de incidencia real. (Ver Proyectos actuales y concluidos - Fuentes de financiamiento y aportes institucionales)
Su Guía de Participación y Control Social y sus materiales para interpretar presupuestos ayudan a dirigentes sociales a comprender cómo se asignan y utilizan los recursos del Estado.
En las elecciones bolivianas de 2025 también movilizó observadores universitarios y desarrolló instrumentos de seguimiento de integridad electoral. Su experiencia relaciona educación cívica, control de recursos y defensa de los derechos políticos. (Ver Guía de participación y control social · Guía de análisis presupuestario - Informes de observación electoral)
En septiembre de 2026 publicó una investigación sobre la falta de mecanismos de control y rendición de cuentas en el manejo de recursos del Fondo de Administración Solidaria. La organización combina análisis técnico, comunicación pública y propuestas institucionales, aunque cada denuncia debe distinguirse de una irregularidad establecida por las autoridades competentes. (Ver Investigaciones, programas e informes -Investigación sobre uso de fondos públicos, 2026)
9. El Salvador: Acción Ciudadana
Durante 2026 publicó evaluaciones sobre elecciones internas de partidos, desempeño del organismo de acceso a información y transparencia de instituciones estatales. También examinó la información disponible sobre proyectos de infraestructura.
Sus informes constituyen instrumentos para que ciudadanos, periodistas y organizaciones sociales puedan exigir explicaciones y rendición de cuentas. (Ver Informes de transparencia y vigilancia institucional -Investigaciones electorales y políticas 2026)
10. República Dominicana: Participación Ciudadana
Organiza voluntarios para observar elecciones, vigila el uso de recursos públicos, investiga el financiamiento político y formula propuestas de reforma institucional. Su memoria correspondiente a 2024 reporta más de 1 mil 600 voluntarios durante las elecciones de ese año y actividades vinculadas con anticorrupción, gobernanza climática y participación de mujeres y jóvenes. También ha recibido apoyo de la Unión Europea para proyectos de observación y participación política. (Ver Memorias institucionales y proyectos - Informes y metodología de observación electoral)
¿Qué enseñan estas organizaciones a la sociedad civil peruana?
Las diez experiencias muestran que no existe una sola manera de promover la participación ciudadana. Algunas trabajan con voluntarios especializados; otras reúnen empresas, universidades y organizaciones comunitarias; otras desarrollan herramientas digitales, vigilan presupuestos o promueven reformas institucionales.
Su elemento común es que la iniciativa surge de organizaciones civiles que buscan influir en las decisiones públicas sin depender de la dirección de los gobiernos.
Pero hay una diferencia fundamental entre promover actividades y conseguir resultados. Un taller puede formar ciudadanos, un informe puede revelar problemas y una campaña puede atraer voluntarios. Para que estas acciones mejoren las condiciones de vida, necesitan conectarse con decisiones, recursos, compromisos y actuaciones verificables.
En este afán, considero que el desafío peruano no consiste necesariamente en crear más organizaciones. Consiste en fortalecer las existentes, renovar sus métodos y ampliar sus posibilidades de colaboración.
Cinco estrategias innovadoras que podrían desarrollarse en el Perú
1. Observatorios ciudadanos de problemas cotidianos
Las organizaciones cívicas podrían convocar equipos locales para examinar problemas que la población considera prioritarios: limpieza pública, seguridad vial, atención de salud, mantenimiento escolar, agua, transporte y ejecución de obras.
Con asesoría universitaria, los voluntarios documentarían las deficiencias y presentarían propuestas técnicamente sustentadas. La innovación consistiría en que cada observatorio acompañe sus propuestas hasta obtener una respuesta de la autoridad y comprobar, cuando corresponda, su ejecución.
2. Laboratorios ciudadanos para mejorar normas y procedimientos
Una segunda iniciativa sería reunir a ciudadanos, profesionales, estudiantes y organizaciones vecinales para identificar ordenanzas, trámites y procedimientos administrativos que perjudican innecesariamente a la población.
Los laboratorios prepararían propuestas de simplificación, corrección o reforma, con análisis de legalidad, costos y beneficios. Cada propuesta tendría un expediente público que permitiría conocer si fue presentada, evaluada, aceptada, modificada o rechazada.
3. Escuelas y universidades como centros de ciudadanía aplicada
Las instituciones educativas podrían convertirse en espacios de participación comunitaria permanente. Los estudiantes no solamente aprenderían cómo funciona el Estado, sino que también desarrollarían proyectos de investigación y mejora de su entorno.
Por ejemplo, podrían evaluar accesibilidad alrededor de centros educativos, identificar riesgos viales, estudiar la gestión de residuos o analizar información presupuestaria local. Los proyectos escolares deberían respetar la edad, seguridad y responsabilidades de los estudiantes, mientras que las universidades podrían asumir investigaciones técnicas más complejas.
4. Una plataforma pública de compromisos y resultados
Las organizaciones participantes podrían compartir una plataforma digital sencilla donde cualquier ciudadano consulte problemas identificados, propuestas formuladas, compromisos asumidos y resultados alcanzados. No debería convertirse en otro espacio de denuncias sin respuesta.
Cada caso necesitaría una entidad competente, un responsable de seguimiento, un plazo y una clasificación verificable: pendiente, en evaluación, en ejecución, cumplido o incumplido. La plataforma también permitiría publicar propuestas rechazadas y las razones institucionales correspondientes.
5. Alianzas territoriales entre organizaciones civiles, empresas y cooperación internacional
En lugar de competir por pequeños proyectos aislados, las organizaciones podrían desarrollar programas conjuntos, preservando su independencia y especialización.
Una entidad dedicada a transparencia podría aportar metodología de vigilancia; otra, experiencia educativa; una universidad, investigación; una empresa, recursos o voluntariado profesional; y una organización vecinal, conocimiento de las prioridades locales. La cooperación internacional podría financiar proyectos plurianuales con evaluación independiente.
Empero,para evitar conflictos de intereses, ninguna entidad debería financiar la vigilancia de sus propias actuaciones sin salvaguardas explícitas.
Una propuesta: una red peruana de participación ciudadana con resultados
Podría explorarse la creación de una red de cooperación entre organizaciones cívicas peruanas, sin necesidad de constituir inicialmente una nueva entidad nacional.
Desde esta perspectiva, Transparencia podría participar aprovechando su experiencia en movilización de voluntarios y educación democrática. Otras asociaciones aportarían conocimientos en derechos, desarrollo territorial, educación, salud, medio ambiente, gestión pública o participación juvenil.
La red podría comenzar con experiencias piloto en algunos distritos y provincias, seleccionados mediante criterios públicos de viabilidad, diversidad territorial y disponibilidad de aliados locales.
Durante un primer año, cada experiencia buscaría resolver dos o tres problemas concretos, con indicadores definidos antes de iniciar las actividades. La evaluación debería registrar no solamente participantes y actividades, sino también propuestas aceptadas, normas modificadas, servicios mejorados, recursos utilizados y percepción ciudadana de utilidad.
Y sería importante preguntar a quienes dejaron de participar por qué lo hicieron. Comprender sus motivos podría resultar tan valioso como conocer las opiniones de los voluntarios actuales.
Una nueva oportunidad para fortalecer nuestra democracia
Hace treinta años, la participación ciudadana organizada permitió defender derechos electorales y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas. Hoy esa tarea sigue siendo indispensable, pero necesita complementarse con formas de participación que respondan mejor a las preocupaciones cotidianas de la población.
Las experiencias de Brasil, Colombia, México, Chile, Bolivia, Paraguay, Honduras, El Salvador y República Dominicana muestran diferentes caminos que las organizaciones civiles han desarrollado para conectar vigilancia, educación, investigación e incidencia pública.
No todas han demostrado el mismo impacto, ni sus métodos pueden trasladarse automáticamente al Perú. Sin embargo, ofrecen instrumentos y aprendizajes que merecen ser estudiados, adaptados y puestos a prueba.
La renovación de la participación ciudadana no debería medirse únicamente por cuántas personas conseguimos convocar, sino por cuántas vuelven a participar porque comprobaron que su esfuerzo produjo cambios.
Ese es el desafío que podrían asumir conjuntamente Transparencia y muchas otras organizaciones cívicas peruanas: contribuir a que la democracia no sea solamente un sistema para elegir autoridades, sino también una oportunidad permanente para mejorar las condiciones de vida de la población.
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