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| Fuente: Órgano Electoral Plurinacional. Bolivia |
En este contexto, entregar recursos públicos a los partidos puede parecer injustificable. Sin embargo, la pregunta relevante no es solamente si deben recibirlos, sino para qué se les entregan, bajo qué condiciones y qué resultados se espera obtener. Bien diseñado, el financiamiento público puede reducir la influencia del dinero privado, equilibrar la competencia y promover organizaciones más permanentes. Mal administrado, puede convertirse en una subvención para cúpulas partidarias sin producir mejoras institucionales.
¿Cómo apoyan los Estados a los partidos?
Según mis exploraciones, en América Latina predomina un modelo mixto que permite a los partidos recibir financiamiento público y aportes privados sujetos a límites y controles. El apoyo estatal adopta diversas modalidades. Transferencias para el funcionamiento ordinario, financiamiento de campañas, espacios gratuitos en medios de comunicación, asistencia técnica, capacitación y recursos destinados a promover la participación de mujeres y jóvenes.
Una primera modalidad es el financiamiento público permanente. Se utiliza para sostener locales, personal administrativo, sistemas contables, formación de militantes, investigación y elaboración de propuestas. Su finalidad es evitar que los partidos desaparezcan después de cada elección o que dependan exclusivamente de empresarios, grupos económicos o aportantes individuales.
Los recursos suelen distribuirse mediante una fórmula combinada. Una parte se reparte igualitariamente entre las organizaciones que cumplen determinados requisitos y otra se asigna proporcionalmente a los votos o escaños obtenidos. El componente igualitario protege cierto pluralismo; el proporcional reconoce el respaldo ciudadano. Una distribución exclusivamente igualitaria podría alentar la proliferación de partidos sin representación, mientras que otra completamente proporcional consolidaría la ventaja de las organizaciones mayores.
Una segunda modalidad es el financiamiento específico de campañas. Brasil cuenta con un Fondo Especial de Financiamiento de Campaña, además del Fondo Partidario permanente. El Tribunal Superior Electoral (TSE) publica la distribución de los recursos y mantiene plataformas donde se pueden consultar candidaturas, ingresos, gastos y proveedores. Asimismo, una parte del financiamiento y del tiempo de propaganda debe guardar relación con la participación de mujeres y candidatos afrodescendientes. El TSE ofrece información pública sobre fondos partidarios, propaganda y rendición de cuentas.
Chile, Colombia y Costa Rica han utilizado distintas formas de anticipos y reembolso de gastos electorales. En estos sistemas, el partido debe obtener un resultado mínimo y acreditar sus gastos antes de recibir la totalidad del aporte estatal. Esta metodología evita pagar gastos inexistentes, pero también puede perjudicar a organizaciones nuevas que no poseen patrimonio ni acceso al crédito. Por ello, algunos países combinan pequeños anticipos con desembolsos posteriores sujetos a comprobación.
Una tercera estrategia es el acceso gratuito o subvencionado a medios de comunicación. México, Brasil, Argentina y Perú cuentan con franjas electorales en radio y televisión. Con ello se procura que la competencia no dependa exclusivamente de la capacidad económica de cada organización.
No obstante, las campañas se han desplazado hacia redes sociales, servicios de video, buscadores y publicidad segmentada. En consecuencia, la franja tradicional debe evolucionar hacia un sistema multimedia. No se trata solamente de financiar anuncios digitales, sino de identificar quién los paga, cuánto cuestan, durante cuánto tiempo se difunden y qué grupos de electores reciben los mensajes.
Finalmente, algunos países reservan porcentajes del financiamiento para capacitación e inclusión política. Estas disposiciones procuran que mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y otros sectores subrepresentados tengan acceso real a formación y recursos. International IDEA señala que la desigualdad económica constituye una barrera para el ingreso de estos grupos a la política, por lo que recomienda medidas financieras expresamente orientadas a nivelar las condiciones de participación.
¿Qué metodologías producen mejores resultados?
La experiencia comparada sugiere que la entrega de dinero, por sí sola, no fortalece a un partido. Para ello se requerirían cuatro condiciones.
La primera es vincular el financiamiento a planes institucionales verificables. Cada organización debería presentar un programa anual con objetivos, actividades, presupuesto, responsables, beneficiarios e indicadores. No bastaría con demostrar que se pagó un curso. Sería necesario acreditar cuántas personas fueron capacitadas, en qué regiones, con qué contenidos y qué aprendizaje obtuvieron.
La segunda consiste en combinar sanciones con incentivos al buen desempeño. Una porción adicional de los recursos podría asignarse a organizaciones que realicen elecciones internas competitivas, mantengan comités regionales activos, presenten oportunamente sus cuentas, formen cuadros políticos y promuevan efectivamente la participación de mujeres y jóvenes.
La tercera condición es la transparencia inmediata. Los ciudadanos deberían conocer cuánto recibió cada partido, qué proveedor contrató, qué servicio adquirió y cuáles fueron los resultados. Las rendiciones no deberían aparecer años después, cuando la elección ya concluyó, sino publicarse progresivamente en formatos sencillos y reutilizables.
La cuarta es proporcionar servicios comunes en especie. Los organismos electorales pueden ofrecer sistemas contables, cursos virtuales, herramientas para administrar padrones, bibliotecas programáticas y capacitación de tesoreros, candidatos y personeros. Este apoyo resulta especialmente importante para las organizaciones pequeñas y sus comités regionales.
El caso peruano: recursos existentes, resultados insuficientes
El Perú ya dispone de financiamiento público directo, franja electoral y espacios no electorales. La Ley de Organizaciones Políticas establece que los partidos con representación parlamentaria reciben recursos calculados en función de los votos obtenidos. El 40% se distribuye igualitariamente y el 60% proporcionalmente.
La normativa permite emplear hasta una parte del financiamiento en gastos ordinarios y exige destinar el resto a formación, capacitación, investigación y difusión. La supervisión corresponde a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Por consiguiente, el problema principal no es la inexistencia de recursos, sino su escasa vinculación con la transformación institucional de los partidos.
En mi opinión, el país necesita avanzar hacia un Programa Nacional de Fortalecimiento de Partidos Políticos. Este programa podría ser administrado técnicamente por la ONPE, con acompañamiento consultivo de universidades y especialistas independientes, sin intervenir en la orientación ideológica de las organizaciones.
Una primera línea sería financiar proyectos concretos: escuelas de formación política, programas para dirigentes regionales, capacitación de candidatos municipales, prevención del acoso político, preparación de personeros, gestión financiera y elaboración de planes de gobierno. Los desembolsos deberían realizarse por etapas y continuar solamente cuando se acrediten productos y resultados.
Una segunda reforma sería crear una biblioteca pública de productos partidarios. Todo estudio, manual, curso o propuesta financiado por el Estado debería quedar disponible para la ciudadanía. Si se emplean recursos públicos para investigar seguridad ciudadana, descentralización o reforma educativa, ese conocimiento no puede quedar archivado en un local partidario.
La tercera estrategia consiste en fortalecer la presencia territorial. Parte del financiamiento debería ejecutarse obligatoriamente fuera de Lima. Los partidos necesitan formar cuadros regionales y municipales que conozcan sus territorios, puedan participar en debates públicos y estén preparados para ejercer responsabilidades de gobierno.
La cuarta mejora sería modernizar la franja electoral. Debe incluir medios regionales, comunitarios y digitales; garantizar formatos accesibles y lenguas originarias; y mantener un repositorio público de los anuncios, costos y criterios de segmentación. También convendría financiar debates y plataformas comparativas de planes de gobierno, no solamente propaganda.
Finalmente, la ONPE necesita mayores capacidades de fiscalización, interoperabilidad con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la Superintendencia de Banca, seguros y AFP (SBS), la Contraloría y los registros públicos, así como estabilidad profesional para sus equipos técnicos. La fiscalización debe ser oportuna. Una sanción aplicada varios años después pierde buena parte de su capacidad preventiva.
Financiar para reconstruir la representación
Los partidos peruanos no recuperarán la confianza ciudadana únicamente porque reciban recursos. La recuperarán si esos recursos les permiten formar mejores dirigentes, elaborar propuestas serias, mantener presencia territorial, democratizar sus decisiones y rendir cuentas.
El financiamiento público debe concebirse como un contrato democrático: el Estado proporciona determinadas facilidades y, a cambio, los partidos acreditan resultados de interés público. Si no cumplen, los desembolsos deben suspenderse; si demuestran avances, pueden recibir incentivos adicionales.
En un escenario de fragmentación y descrédito, suprimir todo apoyo estatal podría aumentar la dependencia respecto del dinero privado y favorecer a quienes poseen mayores recursos. Pero mantener transferencias sin resultados también profundizaría la desconfianza. El camino razonable es conservar el financiamiento, perfeccionar sus controles y orientarlo expresamente hacia el fortalecimiento institucional.
El Perú necesita partidos que existan antes, durante y después de los procesos electorales. Los beneficios públicos pueden contribuir a reconstruirlos, siempre que dejen de ser considerados una asignación automática y se conviertan en una verdadera inversión, medible y transparente, en la calidad de nuestra representación democrática.
Lecturas importantes
He llevado una semana revisando estudios públicos al respecto y los alcanzo pues creo que vale la pena revisarlos.
- IDEA: El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales.
- OEA: Sistemas de financiamiento político-electoral en las Américas.
- OEA: Política, dinero y poder.
- IDEA: The Cost of Democracy.
- Comisión Interamericana de Mujeres: acceso al financiamiento electoral.
- IDEA: guía sobre sistemas digitales de rendición financiera.
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