Organizaciones como el National Democratic Institute (NDI), el International Republican Institute (IRI) y la International Foundation for Electoral Systems (IFES), entre otras instituciones de gratísima recordación, contribuyeron a promover mejores elecciones en numerosos países, incluido el Perú.
Quienes participamos en las experiencias peruanas de observación electoral de los años noventa recordamos enseñanzas fundamentales: las autoridades no deben utilizar el poder público para condicionar el voto, los organismos electorales deben actuar con autonomía, los resultados deben respetarse y todos los ciudadanos deben poder ejercer libremente sus derechos políticos.
Resulta por ello, especialmente significativo observar las controversias que acompañan las elecciones estadounidenses de medio término de 2026. No se trata de afirmar que su sistema electoral haya dejado de funcionar, sino de examinar cómo determinadas conductas políticas ponen a prueba principios democráticos que Estados Unidos contribuyó a difundir internacionalmente.
¿Qué elegirán los estadounidenses el próximo 3 de noviembre?
Según lo que he logrado confirmar, en estas elecciones 2026 estarán en juego:
- 435 representantes, que integran la totalidad de la Cámara de Representantes, con mandato de dos años.
- 35 escaños del Senado, de los cuales 33 corresponden a la renovación ordinaria y dos a elecciones especiales. Los senadores tienen mandato de seis años.
- 36 gobernaciones estatales, además de numerosos cargos legislativos estatales, autoridades locales y consultas sometidas a votación popular.
Por otro lado, a diferencia del Perú, Estados Unidos no cuenta con organismos electorales nacionales que administren todas sus elecciones. La organización corresponde principalmente a los estados y sus jurisdicciones locales, con procedimientos, que a veces, varían considerablemente.
Tampoco existe un padrón electoral nacional único. Cada estado administra sus registros, determina sus modalidades de votación dentro del marco legal y establece procedimientos de escrutinio y certificación.
La magnitud de esta organización es considerable. Aún no he logrado conseguir datos base del actual padrón, pero según la Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos (EAC), en las pasadas elecciones presidenciales de 2024 habían más de 211 millones de ciudadanos inscritos como electores activos y se contabilizaron más de 158 millones de votos emitidos (75%).
El voto puede emitirse presencialmente el día de la elección, pero también de manera anticipada o por correo, según las reglas de cada jurisdicción. La inscripción electoral también presenta diferencias importantes. En la mayoría de los estados el voto no es obligatorio.
La promesa de 5 mil dólares: ¿política pública o condicionamiento electoral?
No se trató de una propuesta marginal: Reuters, Associated Press y NPR documentaron sus declaraciones. El ofrecimiento no contaba con un mecanismo de financiamiento claramente definido ni con la autorización legislativa necesaria para ejecutarse.
La controversia merece una distinción fundamental. Prometer beneficios económicos a la población forma parte de las campañas electorales en muchas democracias. Pero vincular explícitamente una transferencia de dinero al triunfo del partido gobernante plantea una cuestión ética e institucional distinta. (Ver Reuters 1 - Reuters 2)
¿Dónde termina una oferta programática legítima y dónde comienza la utilización de expectativas económicas para condicionar políticamente a los electores? Frente ello, la respuesta es automática: este ofrecimiento general a los electores equivale inequívocamente al delito que solemos denominar como "compra de votos", crimen que se ve agravado al constatarse que es la autoridad presidencial quien promueve el beneficio monetario para generar un resultado partidario.
Esta preocupación resulta familiar en América Latina, donde la observación electoral ha dedicado especial atención al uso de recursos públicos, los programas sociales y la neutralidad de las autoridades durante las campañas.
Acusar de fraude: una estrategia que afecta la confianza electoral
Una investigación difundida por Reuters en julio de 2026 examinó nuevas acusaciones presidenciales y señaló que los documentos invocados no sustentaban varias de ellas. (Ver nota de Reuters al respecto)
En cualquier democracia, denunciar irregularidades es un derecho legítimo. Los partidos y candidatos deben contar con mecanismos para impugnar procedimientos y resultados. Pero existe una diferencia sustancial entre presentar denuncias documentadas ante las autoridades competentes y afirmar públicamente que una elección es fraudulenta sin acreditar las irregularidades denunciadas.
Esta distinción también resulta relevante para el Perú, donde diversas controversias electorales han estado acompañadas de acusaciones públicas contra los organismos responsables de administrar o impartir justicia electoral. La enseñanza es aplicable a ambos países: la fiscalización fortalece la democracia cuando exige pruebas y procedimientos; las acusaciones sin sustento pueden debilitar la confianza ciudadana en las elecciones.
El voto por correo y las dificultades de una democracia descentralizada
En las elecciones de 2024, aproximadamente el 31.4% de los sufragios contabilizados correspondió a votos enviados por correo, según la U.S. Election Assistance Commission (EAC). No se trata, por tanto, de una práctica excepcional. (Ver reporte anual 2025)
Empero, la actual administración presidencial ha promovido mayores exigencias de identificación, verificación de ciudadanía y controles sobre el envío de papeletas. Incluso, el 31 de marzo de 2026 se emitió una orden ejecutiva que planteó nuevas medidas relacionadas con la verificación de ciudadanía y la identificación y seguimiento de los sobres electorales. La Casa Blanca sostenía que estas disposiciones buscan prevenir el fraude y fortalecer la confianza pública. (Ver nota al respecto)
Sin embargo, gobiernos estatales y organizaciones defensoras del sufragio han cuestionado algunas medidas por sus posibles efectos restrictivos y por la distribución constitucional de competencias electorales.
Frente a ello, resulta especialmente revelador que, el 6 de octubre, Reuters informara que el presidente había comenzado a exhortar a sus propios simpatizantes a votar por correo, pese a sus críticas anteriores a esta modalidad. (Ver nota de Reuters)
La cuestión central no es si deben existir controles -evidentemente deben existir-, sino si estos son proporcionales, técnicamente justificados y aplicados sin discriminación.
La ciudadanía de origen inmigrante y el derecho al voto
El problema aparece cuando los procedimientos de verificación de ciudadanía generan errores capaces de excluir a personas legalmente habilitadas. Como ejemplo, logré detectar que el 9 de octubre de 2026, una jueza federal declaró ilegal una actuación del Departamento de Justicia relacionada con la utilización de padrones estatales y bases federales de inmigración para identificar posibles electores no habilitados. El caso puso de relieve el riesgo de que información desactualizada afectara a ciudadanos naturalizados. (Ver nota Reuters)
Este episodio demuestra que la depuración del padrón electoral no es únicamente una cuestión informática. También exige garantías legales, procedimientos de rectificación y protección efectiva del derecho al sufragio.
La experiencia ofrece una lección importante para el Perú: la calidad del registro electoral no debe medirse exclusivamente por la cantidad de registros observados o eliminados, sino también por su capacidad para impedir exclusiones indebidas.
¿Qué ha ocurrido con las instituciones democráticas estadounidenses?
Sería incorrecto concluir que todas las instituciones electorales estadounidenses han perdido su autonomía o que sus elecciones necesariamente serán injustas. De hecho, varios episodios recientes demuestran que existen mecanismos de control institucional activos.
En junio de 2026, una resolución judicial bloqueó disposiciones relevantes de una orden ejecutiva de marzo de 2025 sobre administración electoral. Asimismo, en octubre se produjo una nueva decisión judicial sobre el acceso federal a los registros de votantes. (Ver nota de la Office of the Attorney General)
Estas decisiones permiten observar la importancia del Poder Judicial, los gobiernos estatales, las autoridades electorales locales, las organizaciones ciudadanas y los medios de comunicación en la fiscalización del poder.
Estados Unidos dispone, además, de una infraestructura electoral de considerable capacidad técnica. Según la EAC, más del 98% de las jurisdicciones electorales utilizaron en 2024 sistemas de votación con papeletas de papel o registros físicos auditables. Esto constituye una garantía relevante para verificar los resultados y efectuar auditorías cuando corresponda.
Por ello, el problema que merece examinarse no se limita a la tecnología electoral o al funcionamiento de las mesas de votación. También comprende las conductas de las autoridades, la aceptación de los resultados y la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Una lección de ida y vuelta para el Perú
Durante décadas, las organizaciones estadounidenses de cooperación democrática contribuyeron a promover en América Latina la observación independiente, la transparencia, la profesionalización de la administración electoral y la defensa del sufragio.
El Perú recibió esas experiencias en momentos especialmente difíciles de su historia política. Doy fé de ello, especialmente en los comicios de 1995 al 2002, en donde desde la Asociación Transparencia o la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recibimos valiosas asesorías y capacitaciones de diversas organizaciones estadounidenses que nos ayudaron a realizar mucho mejor nuestras actividades en favor de la democracia del Perú.
Hoy, las controversias norteamericanas permiten reconocer que ningún país posee garantías democráticas permanentes. Las instituciones deben defenderse y perfeccionarse continuamente, incluso en democracias con una larga tradición electoral. La observación ciudadana, la vigilancia de la neutralidad gubernamental, la revisión de los padrones, la fiscalización del financiamiento político y la verificación de los resultados son tareas igualmente pertinentes en Washington, Lima o cualquier otra capital.
Quizá una de las lecciones más importantes sea comprender que la calidad de una elección no depende solamente de que las papeletas sean correctamente contadas. También depende de que las autoridades respeten los límites de sus competencias, que los electores puedan decidir sin presiones indebidas, que los ciudadanos legalmente habilitados no sean excluidos y que los candidatos acepten los procedimientos institucionales para resolver controversias.
Las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre serán, por ello, una oportunidad para observar no solamente quién obtiene la mayoría en el Congreso, sino cómo responden las instituciones y la ciudadanía ante estas tensiones. Las experiencias de cooperación democrática de las últimas décadas nos recuerdan una enseñanza que conserva plena vigencia: ningún sistema electoral, por desarrollado que sea, puede prescindir de la vigilancia ciudadana, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario