La polarización política, las denuncias de fraude, las controversias sobre el horario de votación y el protagonismo de las redes sociales pusieron a prueba la confianza en el proceso electoral. Al mismo tiempo, la urna electrónica volvió a demostrar su capacidad para procesar rápidamente los votos y ofrecer resultados oficiales en muy pocas horas.
Para el Perú, la experiencia merece toda una reflexión que vaya más allá de las diferencias entre ambos sistemas electorales. ¿Cómo preservar la confianza ciudadana cuando los candidatos cuestionan los resultados? ¿Cómo impedir que decisiones tardías puedan afectar el desempeño de una jornada electoral? ¿Podemos modernizar nuestro sistema de votación? Vamos en orden.
1. Una elección bajo tensión
Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo la reelección presidencial con 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes al 51.79% de los votos válidos. Flávio Bolsonaro alcanzó 59 millones 826 mil 041 votos, el 48.21%. La diferencia fue de aproximadamente 4,43 millones de sufragios, en una elección que movilizó a más de 128 millones de votantes.
Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de controversias. Antes de la votación se habían difundido advertencias sobre un posible fraude y, tras conocerse los resultados, el candidato Bolsonaro cuestionó la validez de la elección y anunció que promovería acciones para anularla. Felizmente, horas después no fue apoyado por su propio partido, y la demanda quedó sin efecto.
El argumento central de su impugnación fue la ampliación del horario de votación, pese a que su propio equipo de campaña conjuntamente con el equipo técnico de su contendiente, habían solicitado esa medida horas atrás. La contradicción merece ser examinada con cuidado, sin sustituir el análisis jurídico por una descalificación política.
En una democracia, todo candidato tiene derecho a recurrir a las autoridades y solicitar que se investiguen las irregularidades que considere relevantes. Pero ese derecho no convierte una denuncia en prueba. Corresponde a quien cuestiona los resultados presentar elementos verificables, y a las autoridades resolver las impugnaciones mediante procedimientos transparentes y con respeto al debido proceso.
La experiencia brasileña recuerda que la confianza electoral no depende exclusivamente de que los resultados sean correctos. También requiere que los actores políticos acepten las reglas, que las autoridades expliquen sus decisiones y que las controversias se resuelvan por las vías institucionales.
2. Una lección fundamental: las reglas deben conocerse antes de votar
Empero, la comunicación del tribunal electoral destinada a ampliar el lapso de votación se propaló minutos después de las cinco, y ya habían mesas cerradas y urnas cuyos procedimientos de cierre se habían completado. La medida no reabrió esas mesas, sino que permitió continuar votando solo en aquellas que seguían en cola. Frente a ello, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE) reconoció posteriormente las dificultades ocasionadas y señaló que una ampliación de esta naturaleza debe planificarse y estructurarse adecuadamente.
Esta es una lección especialmente importante, pues el derecho al sufragio debe protegerse y las medidas excepcionales no pueden improvisarse cuando la jornada electoral ya ha concluido legalmente. Si existen dificultades previsibles como el caso del transporte, deben adoptarse medidas anticipadas, establecerse protocolos claros y comunicarse oportunamente a los electores, los partidos y los organismos de observación.
En circunstancias extraordinarias, cualquier modificación debe proceder de una autoridad competente, estar debidamente fundamentada y aplicarse con criterios uniformes. No basta con que una decisión persiga una finalidad legítima: también debe preservar la igualdad de los electores y la seguridad jurídica. La rapidez de la respuesta institucional importa, pero también importa el momento en que se adopta.
3. Redes sociales: una herramienta democrática y un riesgo electoral
Las redes sociales ocupan un lugar cada vez más importante en las campañas latinoamericanas. Permiten difundir propuestas, establecer contacto directo con los ciudadanos, movilizar simpatizantes y llegar a públicos que los medios tradicionales no siempre alcanzan.
En Brasil, como en otras democracias, los canales digitales y los servicios de mensajería forman parte de la comunicación política cotidiana. Pero también facilitan la circulación de acusaciones, contenidos engañosos y mensajes que pueden deteriorar la confianza en las instituciones.
El desafío no consiste en impedir la discusión política ni en convertir toda crítica a las autoridades electorales en una infracción. Consiste en distinguir la crítica legítima de la difusión deliberada de información falsa y asegurar que las reglas se apliquen respetando la libertad de expresión y las garantías jurídicas.
En este afán y para el Perú, me atrevo a proponer tres líneas de trabajo que de alguna manera ya se han ido implementado, pero urge un mayor nivel de eficacia:
- Transparencia de la propaganda política digital: facilitar la identificación de los responsables de los anuncios electorales y conocer quién financia las campañas pagadas.
- Respuesta rápida y verificable: que los organismos electorales publiquen información documentada frente a las afirmaciones falsas sobre el padrón, la votación, las actas o el cómputo.
- Educación ciudadana: promover que los electores contrasten los mensajes virales con fuentes oficiales y no compartan denuncias como si fueran hechos comprobados.
Las redes sociales no son por sí mismas una amenaza ni una garantía de calidad democrática. Sus efectos dependen de cómo las utilizan las campañas, de las reglas aplicables y de la capacidad de la ciudadanía para evaluar la información.
4. La urna electrónica brasileña: rapidez y mecanismos de control
Recuerdo que la demostración nos dejó encantados, y al margen de que no hubo decisión positva para desarrollar pilotos del modelo brasileño, reconocimos que ya su experiencia desde 1996 resultaba relevante porque combinaba el registro electrónico del voto con procedimientos de verificación de identidad del elector, además de la accesible auditoría y fiscalización por parte de los personeros técnicos.
Las urnas operan sin conexión a internet para evitar así cualquier intento de hackeo, manipulación o ciberataque. Inician proceso de emisión del sufragio, emplean el lector biométrico para identificar a los electores, registran los sufragios, y al terminar la votación, generan boletines con los resultados de la mesa, y recién se conectan para transmitir los resultados electorales.
Esta arquitectura permite que la ciudadanía conozca los resultados con rapidez. En la elección del 25 de octubre, el resultado presidencial fue anunciado la misma noche, pese a las dificultades operativas provocadas por la ampliación extraordinaria del horario.
Pero conviene evitar una conclusión equivocada: la rapidez no demuestra por sí sola que un sistema sea seguro. La confianza depende también de que existan procedimientos para verificar la autenticidad de los programas, detectar alteraciones, contrastar los resultados y permitir la fiscalización independiente.
Para el balotaje de ayer domingo, la Justicia Electoral brasileña realizó pruebas de autenticidad de los sistemas y pruebas de integridad de las urnas. En São Paulo, por ejemplo, diversos equipos fueron sometidos a pruebas de integridad, todos ellos incluyendo identificación biométrica. Se compararon los resultados electrónicos con los obtenidos mediante una votación simulada con papeletas de papel y no se encontraron divergencias.
Estos procedimientos fueron realizados frente a personeros técnicos y especialistas de todas las misiones de observación electoral, y aportaron evidencia favorable sobre el funcionamiento de los equipos examinados.
La lección para el Perú es que la tecnología podría acelerar el procesamiento de resultados, tan lento últimamente, pero esta nueva modalidad necesitaría auditorías públicas, trazabilidad, supervisión independiente y procedimientos claros para resolver discrepancias.
5. ¿Podría el Perú ensayar una votación electrónica?
Considero razonable estudiar una modernización progresiva del sistema electoral peruano, sin asumir que la adopción nacional de urnas electrónicas sea necesariamente la primera o la única solución. Una alternativa sería desarrollar un programa piloto en tres distritos con características socioeconómicas y territoriales diferentes.
El primer distrito correspondería a sectores A/B, predominantemente urbanos; el segundo, a sectores C/D urbanos, con una elevada demanda de atención electoral; y el tercero, a sectores D/E rurales, donde los desplazamientos, la conectividad logística y el soporte técnico pueden plantear dificultades particulares.
La selección concreta debería realizarse mediante criterios técnicos, con participación de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y especialistas independientes. El objetivo sería comparar experiencias distintas, no representar estadísticamente a todo el país con solo tres distritos.
El piloto podría evaluar, al menos, cinco dimensiones:
- Operación: tiempos de votación, formación de los miembros de mesa, facilidad de uso y atención de incidencias.
- Identificación del elector: viabilidad de utilizar identificación biométrica digital, cuando corresponda, sin vincular la identidad del votante con el contenido de su sufragio.
- Seguridad y auditoría: integridad del software, autenticación de los equipos, registros verificables y mecanismos independientes para contrastar los resultados.
- Costos y logística: adquisición, mantenimiento, transporte, almacenamiento, suministro eléctrico, asistencia técnica y renovación de los equipos.
- Confianza ciudadana: percepción de electores, partidos, observadores y organizaciones de la sociedad civil antes y después de la prueba.
Por otro lado, la identificación biométrica merece una evaluación específica. Puede contribuir a confirmar la identidad del elector y reducir determinadas modalidades de suplantación, pero no debe convertirse en un requisito que excluya a ciudadanos cuyos datos biométricos no puedan verificarse por razones técnicas.
Recordemos que esta modernización también representa un reto para el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), quien debería ya desarrollar campañas para mejorar la calidad de huellas dactilares de la ciudadanía.
6. Una agenda de modernización para el Perú
La experiencia brasileña invita a considerar una agenda que combine tecnología, planificación y confianza institucional. La ONPE podría liderar los estudios técnicos y la evaluación operativa, en coordinación con el JNE y el RENIEC, las entidades competentes en protección de datos y control público, y organizaciones independientes. Las universidades y la sociedad civil aportarían conocimientos especializados y vigilancia ciudadana.
La primera etapa debería consistir en un estudio de viabilidad y un diseño de auditoría. La segunda, en una prueba piloto limitada, con reglas previamente aprobadas y comunicación pública anticipada. La tercera, en una evaluación independiente de costos, seguridad, accesibilidad, tiempos de procesamiento y confianza ciudadana.
Solo después de conocer esos resultados correspondería discutir si conviene ampliar la experiencia, modificarla o descartarla. La modernización electoral no debe convertirse en una carrera por incorporar tecnología. Su propósito es mejorar el servicio al elector y asegurar que cada sufragio se registre y cuente correctamente.
Conclusión: rapidez, transparencia y seguridad jurídica
Brasil ofrece al Perú una experiencia valiosa, pero también recuerda que ningún sistema electoral está libre de tensiones políticas ni de dificultades operativas.
La urna electrónica puede acelerar la entrega de resultados; las auditorías pueden aportar evidencia sobre la integridad del sistema; y las redes sociales pueden acercar la política a la ciudadanía. Sin embargo, ninguna de estas herramientas reemplaza la responsabilidad de los candidatos, la planificación de las autoridades ni la vigilancia independiente.
La ampliación tardía del horario de votación demuestra, además, que una finalidad legítima puede verse comprometida por decisiones inoportunas. Las reglas deben conocerse con anticipación y las excepciones deben estar previstas, justificadas y comunicadas adecuadamente.
Para el Perú, propongo estudiar una prueba piloto de votación electrónica e identificación biométrica en tres distritos distintos, con auditoría independiente, contratación transparente y evaluación pública. No se trata de copiar automáticamente el modelo brasileño, sino de comprobar qué puede funcionar en nuestras condiciones y bajo qué garantías.
La modernización electoral debe medirse por su capacidad de ofrecer resultados rápidos, transparentes y jurídicamente firmes, sin sacrificar el secreto del voto ni abrir espacios a la corrupción. Ese debería ser el criterio para decidir qué tecnología incorporar y cómo hacerlo.
Fuentes y lecturas consultadas
Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). Balance oficial de la segunda vuelta de las elecciones de 2026.
Tribunal Regional Electoral de São Paulo. Prueba de integridad de las urnas electrónicas en la segunda vuelta de 2026.
Reuters. Cobertura de la jornada electoral.
The Guardian. Resultados y rechazo del candidato derrotado.
BBC News. Elecciones, redes sociales y polarización.
Agência Brasil. Declaraciones oficiales.
UOL Confere. Verificación de información.
2. Una lección fundamental: las reglas deben co
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