La observación electoral no era solamente una actividad técnica. Era también una escuela de ciudadanía. Permitía experimentar que el compromiso individual, sumado al esfuerzo colectivo, podía contribuir a proteger un derecho fundamental. Quienes participamos en aquellas experiencias, especialmente entre 1995 y el 2000, recordamos la capacidad de convocatoria que llegó a tener Transparencia, así como las iniciativas de educación cívica y participación desarrolladas con municipios, universidades, escuelas y organizaciones locales.
Empero, treinta años después, las circunstancias han cambiado considerablemente. La ciudadanía enfrenta nuevas preocupaciones, las organizaciones sociales disponen de menos recursos y la confianza en las instituciones públicas se ha debilitado. La pregunta que corresponde formular es si los mecanismos tradicionales de participación continúan respondiendo a las expectativas y necesidades de los peruanos, y esa es justamente la preocupación que a título estrictamente personal me lleva a esbozar un primer apunte sobre este tema.
Una ciudadanía que necesita comprobar que participar sirve
La preocupación no es exclusivamente peruana. En América Latina y Europa, distintas investigaciones identifican dificultades para sostener la confianza ciudadana y garantizar que las opiniones de la población influyan efectivamente en las decisiones públicas.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en sus Directrices para los procesos de participación ciudadana, advierte que las instituciones deben establecer desde el inicio cómo utilizarán las contribuciones ciudadanas y explicar posteriormente qué ocurrió con ellas. Cuando las personas participan y nunca reciben respuestas, se corre el riesgo de desalentar futuras intervenciones.
Este problema ayuda a comprender por qué numerosos ciudadanos pueden interesarse por la inseguridad, los servicios de salud, la educación o la corrupción, pero no necesariamente desean incorporarse a los esfuerzos de alguna organización cívica. No basta con convocarlos a defender la democracia en términos generales. Es necesario ofrecer oportunidades para que su participación contribuya a resolver problemas que afectan directamente sus condiciones de vida.
¿Qué nos enseñan las elecciones peruanas de 2026?
En el caso de mi tan querida Asociación Civil Transparencia, ella ha continuado desarrollando actividades de observación electoral. Durante las elecciones generales de este año desplegó una operación nacional con cerca de cinco mil voluntarios, según su segundo informe de observación, que también documentó incidencias y formuló recomendaciones para mejorar la organización electoral. Asimismo, fue acreditada por el Jurado Nacional de Elecciones para observar las elecciones regionales y municipales de octubre de 2026.
Estas actividades demuestran que esta institución conserva capacidades institucionales y experiencia especializada. Sin embargo, sería conveniente evaluar con detenimiento cómo ha evolucionado la convocatoria al voluntariado, cuáles son las motivaciones de los participantes y qué dificultades encuentra la organización para atraer nuevos ciudadanos.
No contamos todavía con una comparación suficientemente documentada que permita afirmar cuánto ha disminuido la participación voluntaria respecto de las grandes operaciones de los años noventa. Pero la pregunta es pertinente: ¿qué esperan hoy los jóvenes y los ciudadanos de organizaciones sociales que promueven la participación cívica como clave para fortalecer la democracia en nuestro país?
Quizá una parte de la respuesta sea que desean contribuir no solamente a la limpieza de las elecciones, sino también a que las autoridades elegidas cumplan sus responsabilidades y mejoren los servicios públicos.
Una propuesta: organizaciones cívicas como promotoras de ciudadanía activa
Revisando balances que he realizado semanas atrás sobre experiencias de participación ciudadana en las cuales he participado no solo en el Perú, sino en América Latina, fortalezco mi convencimiento de que organizaciones cívicas como Transparencia podrían considerar la creación de un Programa Nacional de Participación Ciudadana y Mejora de la Gestión Local, complementario a sus actividades tradicionales de observación electoral, educación cívica y fortalecimiento democrático.
La iniciativa tendría dos objetivos relacionados: contribuir a mejorar las normas y decisiones públicas que afectan a las comunidades y promover una vigilancia ciudadana permanente sobre la calidad de la gestión municipal y provincial. Su desarrollo podría organizarse mediante cinco líneas de acción.
1. Observatorios ciudadanos de servicios municipales
Con apoyo de universidades, organizaciones vecinales y profesionales voluntarios, podrían establecerse equipos locales para evaluar servicios como limpieza pública, mantenimiento de parques, seguridad vial, alumbrado y atención administrativa.
Estos equipos recogerían información verificable, identificarían deficiencias y presentarían recomendaciones a las municipalidades.
Pero el trabajo no debería concluir con un informe. Transparencia podría promover compromisos públicos con responsables y plazos, y posteriormente verificaría su cumplimiento.
2. Laboratorios ciudadanos de mejora normativa
Muchas dificultades cotidianas están relacionadas con ordenanzas municipales deficientes, procedimientos excesivamente complejos o normas que no responden adecuadamente a las necesidades locales.
Las organizaciones cívicas podrían reunir a ciudadanos, docentes universitarios, estudiantes de Derecho, especialistas en gestión pública y autoridades para identificar problemas normativos y formular propuestas de modificación vía el Congreso de la República.
Por ejemplo, podrían revisarse procedimientos de licencias municipales, mecanismos de atención de reclamos, disposiciones de accesibilidad o normas sobre participación vecinal. Las propuestas serían sometidas a evaluación jurídica, técnica y presupuestaria antes de presentarse a los concejos municipales o a las entidades nacionales competentes.
3. Escuelas y universidades como centros de participación cívica
Las instituciones educativas podrían desempeñar un papel fundamental.
En lugar de limitar la formación ciudadana al conocimiento de derechos, deberes y organización del Estado, podrían promover proyectos prácticos de mejoramiento comunitario.
Los estudiantes universitarios podrían colaborar en diagnósticos de servicios públicos, elaboración de propuestas y evaluación de resultados. Los escolares, mediante actividades adecuadas a su edad, podrían identificar problemas de su entorno y participar en iniciativas educativas de solución. Organizaciones como Transparencia aportarían metodología, capacitación y acompañamiento, mientras las instituciones educativas desarrollarían capacidades de investigación y trabajo comunitario.
4. Alianzas con empresas y organizaciones sociales
El sector privado podría participar mediante programas de responsabilidad social, aportando financiamiento, equipamiento, asesoría técnica y oportunidades de voluntariado profesional. Las ONG especializadas contribuirían con conocimientos sobre salud, educación, medio ambiente, derechos ciudadanos y desarrollo local.
Sería indispensable establecer reglas claras para preservar la independencia de las organizaciones cívicas, evitar conflictos de intereses y garantizar que las prioridades sean determinadas por las necesidades ciudadanas. La colaboración debería organizarse alrededor de proyectos específicos, con resultados públicos y verificables.
5. Una red nacional de voluntariado ciudadano permanente
La experiencia acumulada por las organizaciones cívicas en la convocatoria, selección, capacitación y coordinación de observadores electorales constituye una capacidad que podría aprovecharse durante los períodos no electorales. Los voluntarios interesados podrían integrarse a equipos de vigilancia de servicios, evaluación de proyectos municipales, educación cívica y formulación de propuestas normativas.
Así, la participación no concluiría al terminar una elección. Los ciudadanos tendrían oportunidades de mantener una relación continua con sus comunidades, participar en proyectos concretos y conocer los resultados de sus esfuerzos.
Empezar con experiencias piloto y resultados medibles
No sería conveniente iniciar una propuesta de esta naturaleza mediante una expansión nacional inmediata. Las organizaciones interesadas podrían seleccionar inicialmente algunos distritos y provincias, procurando diversidad territorial, social y económica, y establecer alianzas con municipalidades, universidades, escuelas y organizaciones locales.
En cada localidad se identificarían dos o tres problemas prioritarios mediante consultas a la población. Luego se formularían propuestas técnicamente viables y se buscarían compromisos de las autoridades competentes. Una evaluación independiente permitiría comprobar, después de un año, qué mejoras se consiguieron, qué compromisos no se cumplieron y cómo evolucionó la disposición ciudadana a participar.
La experiencia de presupuestos participativos en diversas ciudades del mundo, así como los mecanismos deliberativos que aplican, ofrece referencias útiles. Justo estoy revisando ejemplos de este tipo. No obstante, estas metodologías deberían adaptarse a las condiciones institucionales y sociales peruanas, no trasladarse mecánicamente.
El criterio fundamental sería sencillo: el éxito no debería medirse solamente por la cantidad de participantes, sino también por los problemas resueltos, las normas mejoradas y los compromisos efectivamente cumplidos.
Recuperar el sentido de la participación
Transparencia, la organizaciuón cívica que inspira este apunte, nació y se consolidó en una etapa en la que defender la integridad de las elecciones constituía una necesidad democrática fundamental. Esa tarea continúa siendo indispensable. Pero la democracia también necesita ciudadanos que puedan influir en las decisiones públicas durante los años que transcurren entre una elección y otra.
Una organización con la trayectoria, experiencia y reconocimiento de Transparencia podría contribuir a construir ese vínculo, articulando a la ciudadanía con universidades, escuelas, empresas, organizaciones sociales y gobiernos locales. No se trataría de reemplazar sus actividades tradicionales, sino de ampliarlas hacia una dimensión que también estuvo presente en sus primeras experiencias de formación y participación ciudadana.
La propuesta requiere recursos, acuerdos institucionales, metodologías rigurosas y, sobre todo, voluntad de escuchar las preocupaciones actuales de la población.
Treinta años atrás convocábamos a los ciudadanos para contribuir a garantizar elecciones limpias. Hoy podríamos convocarlos también para contribuir a que las autoridades elegidas gobiernen mejor y para que sus decisiones produzcan mejoras concretas en la vida de los peruanos.
Ese podría ser uno de los desafíos más importantes de una nueva etapa de participación ciudadana.
En mis próximos apuntes exploraré experiencias útiles y exitosas llevadas a cabo en países de la región, organizaciones aliadas en las iniciativas y posibles fuentes de financiamiento.
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