Esta elección, con el antecedente de gestión de las elecciones generales de abril y junio pasado, deberían ser organizadas con sumo cuidado, habida cuenta de que es un proceso de una naturaleza distinta, mucho más descentralizada, territorialmente compleja y con una carga jurisdiccional y logística probablemente superior. Y a ello se suma lo informado en julio por parte de los organismos electorales, indicando que se requirieron anticipadamente 589 millones de soles para organizar el proceso comicial, pero que la transferencia recibida registró un déficit de 264 millones, equivalente al 45 % de la demanda priorizada. No se debería esperar recibir el monto faltante días antes de comicios.
Un vistazo rápido de mi parte, observa nueve frentes clave que valdría la pena observar:
1. Recuperar la capacidad operativa de la ONPE.
Este puede ser probablemente el punto cero. Los problemas de abril no fueron solamente tecnológicos. La observación de la OEA documentó que en numerosos locales de Lima y Callao los materiales electorales y equipos recién llegaron durante la mañana del 12 de abril, y esto obligó a instalar la denominada Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) mientras los electores ya estaban haciendo cola. También registró problemas de conectividad, electricidad, cartuchos de tinta y una capacidad insuficiente de los coordinadores de mesa y técnicos para ayudar a los miembros de mesa durante las primeras horas.
Para estas elecciones, de seguir usando el denominado sistema STAE, no bastaría con mejorarlo. Habría que revisar la operación completa incluyendo tipo de equipos a usar, almacenamiento, configuración, distribución, instalación, capacitación, transmisión, contingencia, repliegue, procesamiento, y publicación.
2. No probar separadamente los sistemas tecnológicos.
Para las ERM yo iría incluso más lejos. Habría que hacer una prueba integral del ciclo electoral completo, desde el acta producida en la mesa hasta su recepción, procesamiento, observación, resolución y publicación, y repetirla bajo condiciones adversas, como puede ser la caída de internet, la pérdida de energía, la falla de impresora, la indisponibilidad del servidor, la saturación de comunicaciones, los posibles errores humanos, los retrasos logísticos, o el incremento extraordinario de actas observadas.
3. El despliegue de material electoral será probablemente el gran cuello de botella.
Las generales demostraron que no basta disponer los materiales electorales requeridos, sino que hay que ponerlos físicamente donde corresponden y en el momento correcto, tal y como lo hacíamos años atrás y sin mayores inconvenientes. En las ERM tendremos un probable problema que asumir, debido a la magnitud del fenómeno de El Niño que presuntamente se espera y que complicaría el despliegue y repliegue en nuestra Amazonía, las zonas altoandinas, los centros poblados alejados, las carreteras deficientes, las zonas con débil conectividad, los locales de votación de difícil acceso, los problemas de seguridad y los eventuales conflictos sociales que se esperan.
Por eso las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) deberían trabajar desde ahora con una metodología de mapa de riesgos logísticos, clasificando cada local por nivel de dificultad. No puede tratarse igual a un colegio de San Juan de Miraflores en Lima, que a una mesa ubicada a varias horas de navegación fluvial. La logística debe tener rutas alternativas previamente contratadas y activables.
4. El presupuesto es un problema inmediato, no futuro.
Aquí veo uno de los mayores riesgos para octubre pues si los organismos electorales siguen manteniendo un déficit de 264 millones en su presupuesto, y no es razonable esperar a septiembre para solucionar la brecha. Además, después de la experiencia de abril, sería particularmente inconveniente realizar economías precisamente en transporte, equipos, conectividad, soporte técnico, personal, capacitación, seguridad y contingencias.
El Congreso y el Ejecutivo deberían recibir un esquema público de brechas presupuestales por parte de los organismos electorales, indicando qué actividad está desfinanciada, cuánto cuesta, qué riesgo genera, qué ocurre si no se financia, y especialmente cuándo vence la necesidad. Eso permitiría que el debate presupuestal deje de ser simplemente “ONPE pide más dinero” y pase a ser “esta actividad electoral tiene este riesgo y requiere esta cantidad para mitigarlo”.
5. El segundo gran frente podría ser la justicia electoral.
Aquí las ERM pueden ser mucho más complejas que las generales. El JNE ya ha tenido que trabajar con 91 Jurados Electorales Especiales (JEE), 28 de ellos instalados desde febrero y los otros 63 desde mayo. Además, se han presentado 10 mil 856 expedientes de inscripción. El propio JNE informó que utilizó una inteligencia artificial denominada EleccIA para apoyar el procesamiento preliminar. Pero la verdadera presión jurisdiccional viene ahora, pues en las ERM podrían haber mas controversias sobre exclusión de candidatos, tachas, requisitos de inscripción, democracia interna, hojas de vida, propaganda, publicidad estatal, financiamiento, neutralidad, nulidades, actas observadas, resultados, y proclamaciones.
Por eso el desafío no es solamente resolver más expedientes, sino hacerlo rápidamente y de manera homogénea en 91 jurisdicciones. Una decisión distinta sobre casos jurídicamente similares en dos JEE diferentes puede convertirse rápidamente en un problema de legitimidad.
6. Hay que evitar que la elección termine judicializándose.
Este será, probablemente, uno de los asuntos políticamente más delicados, pues en una elección presidencial hay relativamente pocos ganadores y perdedores, pero en una elección regional municipal como la que se nos viene habrá miles de candidatos y cientos de organizaciones compitiendo por espacios de poder territorial. Eso multiplica los incentivos para impugnar. Por eso sería conveniente establecer desde ahora una estrategia de prevención de controversias, no esperar a que lleguen las apelaciones. Por ejemplo, quizá armar una batería de criterios jurisprudenciales anticipados, la capacitación uniforme de los JEE; una base pública de precedentes, sistemas de alerta sobre expedientes críticos, seguimiento diario de plazos, asistencia jurídica especializada, y comunicación inmediata de decisiones sensibles.
Al respecto, la Plataforma Electoral del JNE ya permite consultar expedientes, candidatos, planes de gobierno y estadísticas de actas observadas y nulidades. Esa infraestructura podría convertirse en una verdadera herramienta de transparencia jurisdiccional en tiempo real.
7. Seguridad y violencia electoral: un reto que no debería minimizarse.
Este puede ser uno de los grandes temas de las ERM pues el propio JNE ha advertido sobre el incremento de la violencia política, amenazas, acoso digital y agresiones contra candidaturas, y ha elaborado un manual específico de seguridad para actores políticos, pues en las ERM el riesgo es territorialmente diferente al nacional y los conflictos pueden producirse por el control de las municipalidades, la minería ilegal, las economías ilícitas, la contratación pública, el transporte, el comercio, los conflictos de límites, y las disputas entre organizaciones locales.
Por ellos sería muy recomendable crear un mapa nacional de riesgo electoral, el cual pueda ser actualizado semanalmente hasta el 4 de octubre, y sirva para decidir sobre la seguridad de los candidatos, la seguridad de locales, las rutas de transporte, la custodia de material, el despliegue policial, la ubicación de ODPEs y los protocolos de evacuación.
8. La desinformación puede ser mucho más peligrosa en el nivel local.
El JNE ya registró 704 alertas de desinformación durante los once meses analizados para las generales, con una fuerte concentración en diciembre de 2025 y enero de 2026. Pero en las ERM el problema cambia. En una elección nacional una noticia falsa puede alcanzar a millones de personas. En una municipal puede alcanzar 20 mil personas y ser suficiente para modificar la percepción de toda una elección. Además, aparecerán probablemente audios falsos, videos manipulados, deepfakes, acusaciones de fraude en mesas, falsos resultados, supuestas actas alteradas, ataques a miembros de mesa, rumores sobre candidatos excluidos, falsas decisiones de los JEE o JNE y falsas encuestas.
La respuesta no puede limitarse al fact checking posterior. Debe existir un sistema de alerta temprana electoral, conectado con JNE, ONPE, RENIEC, medios y plataformas digitales, que permita responder en horas, no días.
9. Desarrollar una mejor campaña de capacitación al ciudadano.
Como las generales, esta elección también podría ser algo complejo de de entender por parte de los ciudadanos. No basta decir “El 4 de octubre votamos por nuestras autoridades regionales y municipales”. El elector tendrá que comprender qué está eligiendo, cuántas veces debe marcar, qué diferencia existe entre gobernador, consejero, alcalde provincial, y alcalde distrital, y cómo se distribuyen los cargos. La educación electoral debería empezar ahora, no en septiembre. Y debe utilizar ejemplos concretos por circunscripción como son las cédulas o papeletas de votación, cuyo diseño ya ha sido aprobado.
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