A una semana de la elección, buena parte de las actividades organizativas se encuentra encaminada. El material electoral comenzó a ser trasladado hacia las regiones desde el 18 de septiembre y este despliegue continuará progresivamente hasta alcanzar Lima Metropolitana y el Callao. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) viene fiscalizando este proceso. (Ver información del JNE sobre el despliegue del material electoral).
Sin embargo, a mi juicio existen por lo menos cinco asuntos que merecen especial atención en esta última semana. Algunos corresponden directamente a la organización de la elección; otros tienen que ver con las reglas y decisiones que todavía debería adoptar la justicia electoral.
El antecedente inmediato obliga a prestarles atención. La primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 presentó problemas que las propias misiones de observación electoral (Ver informes finales de Unión Europea, OEA, Asociación Transparencia) y hasta la Defensoría del Pueblo, documentaron en su momento. Estas instituciones concluyeron que no existieron pruebas del presunto fraude electoral aludido por un candidato en particular, pero si señalaron deficiencias de coordinación, capacitación y comunicación, retrasos en la instalación de mesas y dificultades relacionadas con el sistema tecnológico STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio).
Las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) constituyen, por ello, una oportunidad para comprobar cuánto aprendió el sistema electoral de aquella experiencia.
1. Miembros de mesa: todavía falta capacitar a muchos
La cifra debe ser interpretada prudentemente. No significa que los demás ciudadanos necesariamente llegarán a la elección sin preparación, pues la capacitación continúa. Precisamente hoy domingo 27 de septiembre se desarrollará una segunda gran jornada nacional de capacitación. Sin embargo, incrementar considerablemente esa cobertura durante los últimos días constituye un desafío importante.
La preocupación no consiste solamente en conseguir que las mesas se instalen temprano. Un miembro de mesa insuficientemente preparado puede cometer errores durante la instalación, la votación y, especialmente, durante el escrutinio.
Este último aspecto merece particular atención. Una suma equivocada, datos incompatibles o información colocada incorrectamente en el acta pueden convertirla en un acta observada que posteriormente deberá ser resuelta por los Jurados Electorales Especiales.
Por ello, tan importante como enseñar a instalar la mesa y atender al elector es conseguir que los miembros de mesa comprendan perfectamente cómo contar los votos, cuadrar las cifras y llenar correctamente las actas electorales.
2. ¿Se aprendió de los problemas de las Elecciones Generales?
Por eso, la pregunta adecuada para las ERM no debería ser si inevitablemente se repetirán aquellos problemas, sino otra. ¿Qué correcciones introdujo la organización electoral después de abril?
Hay señales favorables. El material electoral ya está siendo distribuido progresivamente hacia el interior del país bajo fiscalización del JNE.
Pero una elección regional y municipal tiene además su propia complejidad: miles de candidaturas, numerosas circunscripciones electorales, diferentes cédulas y una enorme dispersión territorial. No necesariamente se trata de una elección sencilla por no elegirse presidente.
La verdadera evaluación comenzará muy temprano el 4 de octubre: cuántas mesas se instalan oportunamente, qué problemas encuentran los miembros de mesa, cómo funciona el soporte de la ONPE y, horas después, cuántas actas pueden ser procesadas normalmente y cuántas terminan observadas.
3. Diecisiete locales tuvieron que ser cambiados
Existe otro problema considerablemente menor en términos numéricos, pero muy importante para los ciudadanos afectados. La Defensoría del Pueblo informó que la ONPE dispuso la reubicación de 17 locales de votación, medida que involucra a 158 mesas de sufragio correspondientes a distintas Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.
Las causas incluyen infraestructura en riesgo, locales en construcción, riesgo de inundación, dificultades de acceso, problemas de seguridad, obras, ausencia de servicios básicos o infraestructura deteriorada.
La Defensoría ha solicitado a la ONPE reforzar la difusión de estos cambios y colocar información visible en municipalidades, comisarías, centros educativos, establecimientos de salud y otros lugares concurridos. También ha recomendado a los propios ciudadanos volver a verificar su local de votación antes del 4 de octubre. (Ver Defensoría del Pueblo: reubicación de locales de votación).
En términos nacionales, 17 locales pueden parecer pocos. Para el elector que llegue al establecimiento equivocado el domingo de la elección, sin embargo, el problema será enorme. La situación deja además una sencilla lección para futuras elecciones: un cambio de local de votación no termina cuando se modifica una base de datos; termina cuando el elector afectado conoce el cambio.
4. “Reelección encubierta”: una respuesta que todavía se espera del JNE
Probablemente la controversia jurídica más importante de esta última etapa sea la denominada “reelección encubierta”.
El Pleno del JNE ya ha establecido jurisprudencialmente que quien ejerció inmediatamente antes como alcalde puede postular como primer regidor. Pero existe una segunda pregunta, distinta y mucho más delicada, sobre la cual todavía se espera una respuesta definitiva.
¿Qué sucedería si la lista gana y, por renuncia u otra circunstancia del candidato a alcalde, corresponde al primer regidor asumir la alcaldía, siendo este precisamente una persona que ya ejerció como alcalde durante el periodo inmediatamente anterior? El asunto es importante porque la Constitución peruana establece que no hay reelección inmediata para los alcaldes.
Catorce organizaciones políticas solicitaron al JNE que se pronunciara sobre la eventual entrega de credenciales en estos casos. El presidente del organismo, Roberto Burneo, confirmó posteriormente que el asunto sería discutido por el Pleno. (Información sobre el pedido de las organizaciones políticas y la respuesta del presidente del JNE).
Hasta el 21 de septiembre, Burneo señalaba que el Pleno continuaba analizando el asunto en sesión permanente y que todavía no existía una fecha para adoptar una decisión definitiva. Empero, aquí aparece una situación particularmente interesante para el derecho electoral. Una cosa es determinar si una persona se encuentra legalmente habilitada para postular como primer regidor y otra determinar si, después de producida la elección, esa misma persona se encuentra habilitada para recibir la credencial y ejercer como alcalde.
La diferencia no es menor. El elector debería conocer no solamente quienes postulan como candidatos a alcalde por cada agrupación en la cédula de sufragio, sino también cuáles pueden ser las consecuencias jurídicas previsibles de su elección. Por ello, sería deseable que esta incertidumbre quede resuelta antes del 4 de octubre y no después de emitidos los votos.
5. Seguridad jurídica hasta el último momento
Las ERM 2026 también han demostrado la enorme presión que ejerce el calendario electoral sobre los órganos encargados de administrar justicia electoral. Tachas, exclusiones, apelaciones, renuncias y decisiones sobre candidaturas deben resolverse dentro de plazos que permitan llegar a la elección con una oferta electoral claramente definida.
Esta seguridad jurídica significa que el ciudadano sepa con suficiente anticipación quiénes compiten y bajo qué reglas, y en este afán, la Defensoría del Pueblo mantiene precisamente una supervisión permanente de los principales hitos de las ERM 2026 y ha habilitado información específica para seguir el proceso mediante su plataforma Click Electoral.
Una semana decisiva
A una semana del 4 de octubre no existen elementos suficientes para afirmar que los problemas experimentados durante las elecciones generales vayan a repetirse. Pero aquella experiencia sí justifica una vigilancia especialmente cuidadosa.
Cinco asuntos merecen particular seguimiento: la capacitación de los miembros de mesa; la capacidad de la ONPE para aplicar las lecciones de abril; la comunicación sobre los locales de votación reubicados; la resolución jurídica de los casos denominados de “reelección encubierta”; y la seguridad jurídica de las candidaturas hasta la jornada electoral.
Para la ONPE el desafío no consiste únicamente en conseguir que millones de ciudadanos puedan votar. Una elección correctamente organizada requiere que las mesas se instalen oportunamente; que sus miembros sepan exactamente qué hacer; que el elector encuentre fácilmente su local y su mesa; que el escrutinio reduzca al mínimo los errores; que las actas sean correctamente elaboradas y que los resultados puedan procesarse y difundirse con seguridad y transparencia.
Para el JNE existe una responsabilidad diferente pero igualmente importante: conseguir que las reglas electorales y sus consecuencias sean conocidas y previsibles.
El 4 de octubre se elegirán miles de autoridades regionales y municipales. Pero durante esta última semana también se encuentra a prueba algo que trasciende a los nombres que aparecen en las cédulas: la capacidad del sistema electoral peruano para aprender de sus errores, ofrecer certeza y fortalecer la confianza ciudadana elección tras elección.
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