En América Latina no existe un único modelo para seleccionar y capacitar a estas personas. Algunos países recurren al sorteo ciudadano; otros privilegian a funcionarios públicos; permiten el voluntariado o confían la integración de las mesas a los partidos políticos. Compararlos no permite identificar mecánicamente al "mejor", pero sí reconocer prácticas que podrían enriquecer la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en el Perú.
Una breve exploración en nuestra América Latina me permitió definir siete modalidades de trabajo con miembros de mesa, con definidas particularidades cuando los comicios son para gobiernos nacionales o locales. Veamos:
Perú: sorteo ciudadano con incentivos recientes
Para las Generales, y posteriormente para las Elecciones Regionales y Municipales de este 2026 se designaron nueve personas por mesa: tres titulares -presidente, secretario y tercer miembro- y seis suplentes. La ampliación de los suplentes busca asegurar la instalación de las mesas desde las seis de la mañana. Sin embargo, una vez constituida la mesa, solamente tres ciudadanos cumplen ordinariamente las funciones.
Quien efectivamente ejerza el cargo durante las etapas de instalación, sufragio y escrutinio recibe una compensación equivalente a 165 soles (50 dólares). Además, el miembro de mesa que haya cumplido la función y completado la capacitación tiene derecho a un día de descanso remunerado y no compensable, tanto en el sector público como en el privado.
El pago es un avance, pero su capacidad para modificar conductas debería evaluarse. La ONPE tendría que determinar si reduce la inasistencia, adelanta la instalación y mejora el compromiso con la capacitación.
México: selección progresiva y capacitación domiciliaria
Los capacitadores electorales visitan los domicilios de los sorteados, notifican a los ciudadanos, verifican los requisitos y realizan una primera capacitación. Con quienes resultan aptos se forma una nueva lista. Posteriormente se sortea una letra del alfabeto y se realiza un segundo sorteo. Los cargos se asignan considerando la escolaridad y se desarrolla una segunda capacitación específica, con prácticas y simulacros.
En una casilla federal ordinaria pueden designarse un presidente, un secretario, dos escrutadores y tres suplentes. Cuando coinciden elecciones federales y locales, la casilla única puede llegar hasta a nueve funcionarios. Por otro lado, en tanto bonificaciones, no existe propiamente un pago por desempeñar el cargo. Solo se entrega un apoyo para alimentación, cuyo monto depende del presupuesto y del proceso electoral.
La fortaleza mexicana se encuentra menos en el incentivo monetario y más en la atención de campo: visitas domiciliarias a los sorteados, seguimiento individual y capacitación práctica.
Chile: compensación directa y experiencia acumulada
Cada vocal que cumple efectivamente sus funciones hasta el término de la jornada recibe un bono equivalente a 29 dólares, y de haber una segunda vuelta ésta constituye otro acto electoral y genera un nuevo pago. Los vocales que ejercen por primera vez y asisten a la capacitación presencial también reciben un bono adicional de 10 dólares, detalle especialmente interesante pues no solo se reconoce la jornada electoral, sino que se premia la preparación del ciudadano nuevo. en este afán la modalidad chilena
Su fortaleza es combinar compensación, capacitación y continuidad. Su debilidad consiste en que la reiteración puede producir fatiga y concentrar la carga en los mismos ciudadanos.
Colombia: descanso remunerado en lugar de pago
Los jurados no reciben una remuneración ni el pago regular de transporte y alimentación. Sin embargo, los trabajadores públicos y privados tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que debe disfrutarse dentro de los 45 días posteriores a la elección. Empero, este beneficio tiene una limitación pues solo favorece a quienes poseen una relación laboral. Los estudiantes o trabajadores independientes no obtienen un reconocimiento equivalente.
Uruguay: funcionarios públicos, licencia y responsabilidad
Los funcionarios que trabajan en la elección reciben asueto al día siguiente y cinco días de licencia. Los suplentes que se presentan, aunque finalmente no reemplacen a un titular, reciben dos días. Los escribanos que no son funcionarios públicos reciben un importante descuento en el pago de sus tributos profesionales y registrales.
El sistema ejercido por la Corte Electoral combina incentivos importantes con sanciones severas: la inasistencia injustificada de un funcionario puede producir una multa equivalente a un mes de sueldo. No obstante, la principal ventaja es contar con personas familiarizadas con normas y documentos oficiales. La desventaja es que se concentra la responsabilidad electoral en empleados del Estado.
Brasil: voluntariado y beneficios no salariales
El trabajo no es remunerado con alguna bonificación. Sin embargo, para las elecciones de 2026 se ha previsto un auxilio de alimentación. Además, los mesarios tienen derecho a dos días de descanso laboral por cada día trabajado y por el ciclo de capacitación, sin pérdida de remuneración. Pueden recibir certificados, reconocimiento de horas académicas y, si las normas del concurso lo establecen, preferencia como criterio de desempate en empleos públicos.
Brasil demuestra que los incentivos no tienen que ser exclusivamente monetarios. La combinación de descanso, reconocimiento académico y voluntariado puede fortalecer la continuidad.
¿Qué podemos aprender desde el Perú y la ONPE?
A mi juicio, la primera enseñanza es condicionar los beneficios al desempeño completo y a la capacitación. El Perú ya ha avanzado al vincular el descanso remunerado con ambos requisitos, pero necesita verificar competencias y no solamente registrar asistencia.
La segunda es incorporar simulaciones obligatorias para presidentes y secretarios y terceros miembros. El llenado de actas debería evaluarse mediante ejercicios muy prácticos.
La tercera es crear un registro voluntario de antiguos miembros con buen desempeño. Estas personas podrían formar una reserva para mesas con alta inasistencia, actuar como capacitadores comunitarios o apoyar procesos particularmente complejos.
La cuarta es diversificar los incentivos: pago económico, descanso laboral, certificados verificables, reconocimiento académico y valoración en convocatorias públicas. Ello evitaría perjudicar a estudiantes, independientes o desempleados, para quienes un día de descanso laboral carece de utilidad.
Finalmente, la ONPE quizá debería medir el efecto de cada incentivo sobre cuatro resultados: asistencia, hora de instalación, conclusión de la capacitación y porcentaje de actas observadas.
La experiencia regional enseña que no basta con imponer una obligación y sancionar su incumplimiento. Los mejores modelos acompañan al ciudadano, lo capacitan de manera práctica, reconocen el tiempo entregado y aprovechan la experiencia adquirida. Los miembros de mesa no son colaboradores ocasionales: durante la jornada son la autoridad electoral directamente responsable de convertir los votos en resultados confiables.
No hay comentarios:
Publicar un comentario