Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 presentan algunas características que merecen especial atención. Varias tienen que ver con cambios normativos; otras, con problemas que arrastramos desde las elecciones generales de abril; y algunas son consecuencia de vacíos legales que nuestros políticos parece que han aprendido rápidamente a utilizar. Conviene revisarlas.
Partidos que participan aunque podrían desaparecer
La primera paradoja es política pues tenemos organizaciones que presentan candidatos para gobernar regiones, provincias y distritos durante cuatro años, pero cuya propia supervivencia partidaria después de este proceso está seriamente comprometida.
Podríamos encontrarnos, por tanto, con alcaldes y autoridades regionales elegidos para gobernar hasta 2030 que comiencen su gestión perteneciendo a una organización política que poco después haya perdido su inscripción.
Legalmente puede explicarse, pero políticamente resulta más difícil hacerlo. Un sistema de partidos debería proporcionar cierta continuidad entre representantes y representados. Si elegimos autoridades bajo símbolos de organizaciones que inmediatamente después pueden desaparecer, algo evidentemente no funciona bien en nuestro diseño institucional.
Esto debería obligarnos a revisar, después de las elecciones, las reglas sobre cancelación de organizaciones políticas y sus efectos sobre autoridades subnacionales elegidas.
La reelección que constitucionalmente no existe, pero podría producirse
Tenemos un problema todavía más delicado, pues la Constitución señala expresamente que no existe reelección inmediata para los alcaldes. Sin embargo, la legislación permite que un alcalde en ejercicio pueda presentarse como primer regidor. Si quien encabeza esa lista como candidato a alcalde renuncia, se abre la posibilidad de que aquel primer regidor termine asumiendo la candidatura y eventualmente continúe gobernando.
No estamos hablando de una hipótesis académica. Durante este proceso se han identificado numerosos casos en los cuales candidatos a alcalde renunciaron mientras quien ocupaba la primera regiduría era precisamente un alcalde elegido en 2022.
Puede discutirse largamente si la maniobra vulnera literalmente la legislación electoral. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostiene que debe aplicar los impedimentos establecidos expresamente por la ley y no puede crear otros mediante interpretación, cual es una posición jurídicamente defendible, pero el resultado no deja de ser preocupante.
Aquello que la Constitución pretende impedir directamente podría terminar consiguiéndose mediante una combinación de candidatura a regidor, renuncia del candidato a alcalde y sucesión. Frente a esta acción de reelección encubierta, tal y como lo denominan los analistas políticos, no creo conveniente esperar hasta las siguientes elecciones para resolver esta anomalía.
La prohibición constitucional de reelección debería traducirse en una norma inequívoca que impida obtener mediante mecanismos de sucesión aquello que está prohibido obtener directamente.
El Estado no puede convertirse en maquinaria electoral
Tenemos normas sobre neutralidad y publicidad estatal. El JNE cuenta además con mecanismos de fiscalización. Pero el problema no es solamente disponer de normas, sino lograr que las sanciones sean oportunas. Empero, las sanciones impuestas meses después de las elecciones tiene escasa capacidad preventiva.
Durante estas semanas sería conveniente que el JNE publique regularmente información fácilmente comprensible sobre denuncias por vulneración de neutralidad, autoridades investigadas, medidas adoptadas y casos resueltos. La transparencia inmediata puede resultar bastante más disuasiva que una resolución conocida cuando la elección ya terminó.
Dinero ilícito y organizaciones criminales
Existe otro riesgo que me preocupa especialmente. Ya en algunas zonas del país el problema no consiste únicamente en cuánto gasta un candidato, sino en quién financia al candidato y qué espera recibir posteriormente.
No corresponde afirmar sin pruebas que determinadas organizaciones criminales estén comprando candidatos o votos. Pero sería ingenuo desconocer el riesgo que representa la expansión de economías ilegales y bandas criminales para elecciones particularmente fragmentadas y locales.
El narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, contrabando, extorsión y otras economías ilícitas necesitan muchas veces protección política, administrativa o policial. Una municipalidad pequeña puede ser extraordinariamente importante para estos intereses. Por eso el control financiero electoral debería realizarse durante la campaña y no solamente cuando esta haya terminado.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Ministerio Público, Contraloría y JNE deberían establecer mecanismos rápidos de intercambio de información para identificar aportes inexplicables, incrementos súbitos del gasto y campañas cuyo despliegue económico no guarda relación con los ingresos declarados. Probablemente esta sea una de las áreas donde tendremos que desarrollar en el futuro una verdadera inteligencia electoral preventiva.
Una cédula que también será un desafío
Empero, esto no es simplemente un detalle gráfico. Significa más decisiones para el elector, mayor posibilidad de confusión y un escrutinio más exigente para los miembros de mesa, cuya capacitación debería concentrarse menos en explicar normas y bastante más en simular aquello que realmente ocurrirá durante la jornada electoral.
Los miembros de mesa deberían practicar repetidamente la clasificación de votos emitidos por tipo, los pasos para el escrutinio, el llenado de actas, la resolución de discrepancias y el tratamiento de votos impugnados. Una elección compleja requiere capacitación práctica, no solamente información.
Y después del 4 de octubre todavía podría quedar otra elección
Existe además un elemento que algunas veces olvidamos cuando hablamos de las ERM: la segunda elección regional. No existe segunda vuelta para alcaldes provinciales ni distritales. En esas elecciones resulta elegida la lista que obtiene la mayor votación conforme a las reglas municipales, pero para gobernadores regionales la situación es diferente.
Cuando ninguna fórmula alcanza el 30% de los válidos para resultar elegida en primera elección, las dos fórmulas con mayor votación deben enfrentarse nuevamente. El propio cronograma del JNE recuerda que esta eventual segunda elección regional se realizará dentro de los treinta días siguientes a la proclamación de los cómputos oficiales.
Por ello no necesariamente tendremos una fecha nacional única para esa segunda elección inmediatamente después del 4 de octubre. Primero deberán concluir los cómputos y proclamarse oficialmente los resultados correspondientes. En este afán, la ONPE y el JNE ya contemplan esta posibilidad. Incluso se ha diseñado una cédula específica para una eventual segunda elección de gobernador y vicegobernador regional, mucho más sencilla que la utilizada el 4 de octubre.
No obstante, el problema merece atención por otra razón. Una segunda elección regional significa movilizar nuevamente electores, miembros de mesa, personal electoral, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, material electoral, locales de votación, transporte, comunicaciones y sistemas informáticos. Significa también un nuevo período de campaña y nuevos gastos para las organizaciones políticas.
Todo ello después de un año en el cual los ciudadanos ya habremos concurrido varias veces a las urnas, lo cual genera entonces un posible riesgo que no deberíamos subestimar: fatiga electoral, la cual se suma al creciente desinterés que viene manifestando por el electorado.
La experiencia comparada y nuestra propia experiencia regional muestran que la participación puede disminuir considerablemente cuando el elector debe regresar pocas semanas después para escoger entre solamente dos alternativas. Por ello la eventual segunda elección regional no debería considerarse simplemente una prolongación administrativa del proceso del 4 de octubre.
A mi juicio, la ONPE debería preparar desde ahora escenarios diferenciados según el número de regiones que eventualmente requieran segunda elección. Y sería conveniente informar anticipadamente a la ciudadanía que la elección regional puede no concluir el 4 de octubre.
También deberíamos discutir después de estas elecciones si el sistema actual cumple adecuadamente su propósito. Una segunda vuelta busca proporcionar mayor legitimidad al gobernador elegido. Es un objetivo razonable. Pero tiene costos económicos, administrativos y de participación ciudadana que deberían evaluarse periódicamente. No propongo eliminarla. Propongo medir sus resultados.
El fantasma de abril
Por eso resulta indispensable que la ONPE explique con absoluta claridad cuál será el alcance de las soluciones tecnológicas que utilizará el 4 de octubre, qué pruebas se han realizado, qué problemas detectados en abril fueron corregidos y cuáles serán los procedimientos de contingencia.
No necesitamos que nos aseguren que todo funcionará. Lo que se necesita son pruebas, simulacros y procedimientos alternativos conocidos previamente, porque la tecnología electoral es útil mientras facilite el trabajo. Cuando su utilización se convierte en condición indispensable para que una mesa pueda funcionar, deja de ser solamente una ayuda tecnológica y se transforma en un riesgo operacional. Ese fue probablemente uno de los principales aprendizajes de abril.
Un mes para corregir lo corregible
A estas alturas no corresponde modificar reglas fundamentales. Eso sería irresponsable. Pero todavía podemos mejorar procedimientos. La ONPE puede reforzar capacitación, simulacros, logística y planes de contingencia. El JNE puede intensificar la fiscalización de neutralidad y publicidad estatal. ONPE y las instituciones encargadas de perseguir la corrupción durante campañas pueden prestar especial atención a financiamientos sospechosos. Policía y Ministerio Público pueden identificar circunscripciones con mayor riesgo de violencia o presión criminal.
La sociedad civil también tiene una responsabilidad, y en este afán la observación electoral debería desplegarse precisamente allí donde existen mayores riesgos y no solamente donde resulta más sencillo conseguir voluntarios. Las ERM 2026 no deberían verse simplemente como la última elección de un año electoral agotador.
Son probablemente las elecciones donde el poder se encuentra más cerca del ciudadano y, por esa misma razón, donde también puede resultar más vulnerable a intereses particulares, economías ilegales y malas prácticas políticas. Y ello en algunas regiones la elección ni siquiera terminará el 4 de octubre.
El verdadero éxito del proceso no consistirá solamente en instalar las mesas, recibir los votos y anunciar rápidamente quién ganó. Necesitamos algo más elemental: tener la razonable certeza de que quienes resulten elegidos llegaron allí respetando las reglas, utilizando recursos legítimos y mediante un proceso electoral que aprendió de los errores cometidos apenas seis meses antes.
Tenemos todavía algunas semanas. Hay problemas que ya no podremos corregir para octubre. Pero sí podemos identificarlos, prevenir sus consecuencias y, sobre todo, evitar repetirlos en las siguientes elecciones. Eso también forma parte de una buena administración electoral.
No hay comentarios:
Publicar un comentario