La misión observó las elecciones legislativas del 8 de marzo, la primera vuelta presidencial del 31 de mayo y la segunda vuelta del 21 de junio. Para ello desplegó entre 140 y 150 observadores en los 32 departamentos y Bogotá. Su evaluación fue categórica, la misión afirmó que Colombia celebró elecciones notablemente pacíficas, ordenadas y bien gestionadas, cuyos resultados reflejaron la voluntad expresada en las urnas.
Esta conclusión adquiere mayor importancia si se considera que la segunda vuelta presidencial se decidió por aproximadamente 250 mil votos. En una contienda tan estrecha, cualquier deficiencia importante en la votación, el conteo o el escrutinio habría podido desencadenar una crisis postelectoral. Sin embargo, la trazabilidad de los resultados, la publicación de las actas y la actuación de los organismos electorales permitieron sostener la legitimidad del desenlace.
Una administración electoral profesional
Los puestos de votación abrieron y funcionaron con normalidad; los jurados aplicaron correctamente los procedimientos; los testigos partidarios pudieron observar sin restricciones, y el conteo de votos fue calificado como preciso y transparente. La capacitación de los jurados también fue reforzada entre las legislativas y las presidenciales, especialmente para reducir errores en el llenado de las actas.
El sistema colombiano mantuvo una característica que merece destacarse: el escrutinio oficial se apoyó en las actas elaboradas manualmente en las mesas y procesadas por jueces y notarios, mientras que la tecnología cumplió una función complementaria. El preconteo permitió difundir resultados provisionales con rapidez y las imágenes escaneadas de las actas fueron puestas a disposición del público.
Según la misión, los componentes tecnológicos fueron sometidos a pruebas y a una auditoría internacional independiente. Además, en las elecciones presidenciales se introdujeron actas especiales para registrar las modificaciones efectuadas durante los recuentos. De esta manera, cada resultado pudo seguirse desde la mesa de votación hasta su consolidación nacional.
Esta combinación de procedimientos manuales, publicación inmediata de documentos y herramientas tecnológicas constituye una lección importante: la confianza no depende solamente de la rapidez con que se anuncian los resultados, sino de la posibilidad de verificarlos.
Un marco jurídico adecuado, pero disperso y envejecido
La valoración legal aparentemente es menos favorable. La MOE UE reconoce que la Constitución y las leyes colombianas protegen los derechos políticos, las libertades fundamentales y la competencia electoral. También destaca la existencia de un sistema judicial sólido y de mecanismos para reclamar e impugnar los resultados.
Empero, la legislación electoral se encuentra dispersa en numerosas normas y el Código Electoral vigente es anterior a la Constitución de 1991. Las reformas promovidas en los últimos años fueron anuladas por la Corte Constitucional debido a vicios en su tramitación parlamentaria.
Esta situación genera vacíos e inseguridad jurídica en materias tan importantes como la inscripción y revocatoria de candidaturas, la financiación de las campañas, la propaganda en redes sociales y los plazos para resolver reclamaciones. La misión recomienda, por ello, consolidar y armonizar la regulación en un conjunto reducido de leyes.
También llama la atención sobre una desigualdad en la representación territorial. La asignación de curules en la Cámara de Representantes continúa basándose en el censo de población de 1985. Los cambios demográficos de las últimas décadas no se encuentran, por tanto, adecuadamente reflejados.
Los escollos que debieron superarse
Persistió, sin embargo, la presencia de grupos armados ilegales en zonas rurales. Esta no comprometió la validez general de las elecciones, pero sí limitó la posibilidad de realizar campaña y ejercer libremente los derechos políticos en determinados municipios. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, creadas para representar a las víctimas del conflicto, continuaron expuestas a la influencia de grupos armados y de estructuras políticas tradicionales.
Otro problema fue la financiación de las campañas. El control del Consejo Nacional Electoral siguió siendo tardío, fragmentado y basado principalmente en documentos presentados después de los comicios. Los gastos locales, las donaciones en especie, los pagos de terceros y parte de la propaganda digital no siempre fueron declarados. Esto deja abierta la posibilidad de que ingresen recursos ilícitos sin ser detectados oportunamente.
A ello se sumó el uso intensivo de redes sociales, creadores de contenido e inteligencia artificial. La MOE UE identificó campañas de desinformación, videos manipulados y publicidad política cuya financiación resultaba difícil de rastrear. La tecnología avanzó mucho más rápido que la legislación y que las capacidades de supervisión.
La misión también observó una cobertura favorable al Gobierno, al Pacto Histórico y a su candidato presidencial en los medios públicos. Consideró necesario garantizar un acceso más equitativo a todas las candidaturas y establecer límites claros para la publicidad gubernamental durante las campañas.
Retos y aprendizajes
Entre las 15 recomendaciones del informe destacan seis prioridades: incorporar al padrón a los jóvenes que cumplen 18 años poco antes de la elección; armonizar la legislación electoral; mejorar la coordinación para prevenir la financiación ilícita; garantizar pluralismo en los medios públicos; obligar a las plataformas digitales a transparentar la publicidad política, y avanzar hacia la paridad y alternancia de género en las listas.
La exclusión de jóvenes resulta especialmente preocupante. Debido al cierre del registro cuatro meses antes de la elección, un número considerable de ciudadanos que alcanzó la mayoría de edad durante ese período no pudo votar. Se trata de una restricción administrativa que debe ser corregida.
En materia de género, aunque aumentó el número de candidatas, se indica que las mujeres conservaron solamente alrededor del 29% de las curules del Congreso. La cuota del 30% aplicada a determinadas listas no ha sido suficiente para alcanzar una representación equilibrada.
La principal enseñanza del caso colombiano es que la integridad electoral debe ser entendida como un sistema completo. No basta con organizar correctamente la jornada electoral. También se requiere un padrón inclusivo, financiamiento transparente, competencia equilibrada, representación territorial actualizada, medios públicos imparciales y reglas capaces de responder a la inteligencia artificial y a las nuevas formas de propaganda.
Colombia superó satisfactoriamente una elección compleja y muy ajustada. Su administración electoral demostró profesionalismo, capacidad operativa y apertura al escrutinio público. El desafío inmediato consiste en aprovechar esa fortaleza técnica para impulsar las reformas legales e institucionales pendientes. Las recomendaciones de la MOE UE no cuestionan la legitimidad de las elecciones; señalan, más bien, el camino para que los próximos procesos sean no solo confiables, sino también más inclusivos, equitativos y resistentes a las nuevas amenazas.
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