Seguimos necesitando elecciones íntegras y observadores ciudadanos. Sin embargo, tenemos además una ciudadanía crecientemente distante de la política, organizaciones sociales debilitadas y jóvenes para quienes la convocatoria tradicional a participar en defensa de la democracia, parece tener bastante menos atractivo que hace dos o tres décadas. Quizá por ello deberíamos hacernos una pregunta diferente. ¿Y si la observación electoral no terminara el domingo de elecciones?
Una organización como Transparencia podría aprovechar su experiencia acumulada para impulsar algo más ambicioso. Una red permanente de observación cívica, capaz de acompañar no solamente la elección de nuestras autoridades sino también el ejercicio posterior del poder.
De elegir autoridades a observar cómo gobiernan
En los primeros años de este siglo ya existió en el Perú la inquietud por avanzar en esa dirección, y la misma Transparencia de alguna manera impulsó la necesidad de no solamente ayudar a garantizar que alcaldes y otras autoridades fueran correctamente elegidos, sino que había que conseguir que los ciudadanos continuaran interesados en ellas después de la elección, evaluando su gestión y desempeño. Años después, aquella intuición sigue siendo válida. Cada campaña electoral produce centenares de compromisos. Los candidatos prometen carreteras, hospitales, seguridad, agua, empleo, limpieza pública, infraestructura educativa o reducción de determinados problemas sociales.
El ciudadano vota y el el candidato gana, y unas semanas después ocurre algo bastante curioso, la relación entre ambos prácticamente desaparece, y durante los siguientes cuatro o cinco años, buena parte de la ciudadanía tendrá dificultades para recordar siquiera qué prometió la autoridad elegida. La democracia queda así reducida a un acto episódico. Votar cada cierto número de años, pero nada mas.
Nuestra legislación, paradójicamente, reconoce desde hace décadas que la participación ciudadana debería ir mucho más allá. La Ley 26300 contempla no solamente mecanismos de participación sino también derechos de control ciudadano, incluyendo revocatoria, remoción y demanda de rendición de cuentas. La legislación sobre descentralización, a su vez, va en el mismo sentido. Los gobiernos regionales y locales deben promover la participación ciudadana en sus planes, presupuestos y gestión, garantizando además mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de cuentas. Tenemos, por tanto, instrumentos jurídicos. Empero, lo que no hemos conseguido construir suficientemente es una cultura ciudadana de seguimiento de la autoridad elegida.
La revocatoria fue una respuesta, pero no puede ser la única
Durante años, la manifestación más visible de control ciudadano sobre las autoridades locales fue la revocatoria. El Perú desarrolló tempranamente este mecanismo. Ya en noviembre de 2001 se realizó una Consulta Popular de Revocatoria de Autoridades Municipales, cuya documentación permanece en los archivos de ONPE y JNE. La revocatoria expresaba una idea democrática importante. Elegir a una autoridad no significaba entregarle un cheque en blanco.
El problema apareció cuando el mecanismo comenzó a convertirse, en algunos lugares, en prolongación de la competencia electoral. El candidato derrotado podía transformarse rápidamente en promotor de la salida del ganador. Las disputas locales podían continuar después de terminada la elección.
Sin embargo, la reforma introducida mediante la Ley 30315 modificó posteriormente algunas de estas condiciones. Actualmente, para solicitar una revocatoria se requiere el 25% de firmas de los electores de la circunscripción y la adquisición de kits puede comenzar a partir de junio del segundo año de mandato. Pero entre no hacer nada y revocar a una autoridad debería existir un enorme espacio para el control democrático. Ese espacio es precisamente el que una nueva estrategia de observación cívica podría ocupar.
¿Qué pasaría si siguiéramos observando después de las elecciones?
Y a ello habría que añadir algo fundamental. La explicación de la autoridad. Porque observación cívica no significa persecución política. El gobernador o el alcalde pueden haber prometido construir determinado hospital y descubrir posteriormente que la región o la municipalidad carecen de competencia para hacerlo. Un gobernador puede haber ofrecido una carretera cuya ejecución depende parcialmente del Gobierno Nacional. Una obra puede detenerse por razones presupuestarias perfectamente justificables. El propósito sería generar información, no sentencias.
Una plataforma “Observa tu Gobierno”
Transparencia podría desarrollar una plataforma nacional sencilla que provisionalmente me atrevo a denominar Observa tu Gobierno. El ciudadano ingresaría su departamento, provincia o distrito y encontraría quiénes son sus autoridades, cuáles fueron sus principales compromisos electorales, cuánto presupuesto administra la institución y cuál es el avance registrado.
En este afán, la plataforma no se limitaría solo a las promesas de campaña pues podría contener cinco dimensiones: Los compromisos electorales: ¿qué prometió? La gestión: ¿qué está ejecutando? El presupuesto: ¿cómo está utilizando los recursos? La integridad: ¿existen sanciones, investigaciones o situaciones que deban ser conocidas? La participación: ¿la autoridad informa, escucha y rinde cuentas a los ciudadanos?
No habría que crear toda la información desde cero. El Estado peruano ya produce enormes cantidades de datos públicos. El problema es que están dispersos entre distintas instituciones y plataformas y muchas veces son difíciles de comprender para el ciudadano. Por tanto, la tarea de Transparencia sería convertir los datos públicos en información comprensible para el ciudadano.
Una nueva generación de observadores
Se me ocurre que un joven de veinte años puede no sentirse atraído por permanecer doce horas observando una mesa electoral. Pero quizás sí le interese analizar bases de datos municipales. Otro puede monitorear redes sociales. Un estudiante de Derecho puede seguir acuerdos municipales y ordenanzas. Uno de Economía puede analizar presupuestos. Un estudiante de Ingeniería puede monitorear obras públicas. Uno de Comunicaciones puede convertir información técnica en videos de un minuto para TikTok o Instagram.
De esa manera, podríamos tener observadores electorales, observadores de gestión pública, analistas de datos, monitores presupuestales, verificadores de compromisos y comunicadores cívicos. Por tanto, el voluntariado dejaría de ser únicamente una actividad de un domingo cada ciertos años. Se convertiría en una escuela práctica de ciudadanía.
De voluntarios a ciudadanos especializados
Aquí existe otra oportunidad. Transparencia podría crear una verdadera Escuela Nacional de Observación Cívica, y los jóvenes ingresarían por niveles. Un primer nivel enseñaría democracia, gobiernos regionales y municipales, presupuesto público, transparencia y acceso a información. Un segundo nivel permitiría especializarse en observación electoral, gestión municipal, presupuesto, contrataciones, integridad, participación ciudadana o comunicación. Un tercer nivel prepararía coordinadores capaces de organizar redes provinciales y regionales.
La participación podría certificarse y quien sabe si las universidades e institutos técnicos puedan ayudar. Una persona que durante dos años haya monitoreado presupuesto municipal, analizado información pública y elaborado reportes ciudadanos habrá adquirido competencias profesionales reales y eso cambia completamente el incentivo, pues ya no estaríamos diciendo solamente "Ayúdanos a observar las elecciones". Estaríamos diciendo "Aprende cómo funciona el Estado mientras ayudas a vigilarlo".
Recuperar la organización territorial
Existe, además, una lección importante de la experiencia latinoamericana. La Misión de Observación Electoral de Colombia (MOE) construyó su capacidad de observación mediante redes de organizaciones de sociedad civil. Los voluntarios se vinculan a través de organizaciones territoriales y reciben capacitación, instrumentos y metodologías comunes.
La MOE colombiana demuestra además que una organización de observación electoral puede desarrollar capacidades que exceden largamente la jornada de votación. Actualmente realiza seguimiento legislativo, analiza financiamiento político, dispone de sistemas de información electoral y mantiene mecanismos ciudadanos para reportar irregularidades.
No se trataría de copiar ese modelo, pero sí de recuperar un principio fundamental, pues una organización nacional de vigilancia democrática necesita raíces locales. En este afán, Transparencia podría establecer convenios con universidades, institutos, colegios profesionales, asociaciones empresariales, organizaciones juveniles y organizaciones sociales.
En lugar de reconstruir una enorme organización propia, podría construir una red de redes.
Un observatorio en cada universidad
Aquí veo una posibilidad particularmente interesante, y que me llevó personalmente a promoverla a nivel universitario hace un par de años atrás. ¿Por qué no promover pequeños Observatorios Cívicos Universitarios? Por ejemplo, una universidad de Piura podría observar la gestión regional y determinadas municipalidades. Otra en Cusco podría hacer lo mismo. Y así podrían cubrirse diversas regiones como Arequipa, Loreto, Junín, Ayacucho, La Libertad, en fin.
Transparencia proporcionaría metodología, capacitación, plataforma tecnológica y estándares nacionales. Profesores y estudiantes realizarían el seguimiento local. Los estudiantes cambiarían cada cierto tiempo, pero el observatorio permanecería. y así podría reconstruirse progresivamente algo que las organizaciones nacionales han ido perdiendo. La presencia territorial permanente.
No debemos convertir la observación en oposición
Existe, sin embargo, un riesgo que debería cuidarse desde el comienzo. La vigilancia ciudadana puede degenerar fácilmente en activismo contra determinadas autoridades y ello destruiría la credibilidad del proyecto. La metodología tendría que ser pública, uniforme y verificable. Los mismos indicadores deberían aplicarse al alcalde que nos agrada y al que no nos agrada.
Además, antes de publicar una evaluación debería solicitarse información a la autoridad correspondiente. Incluso podrían reconocerse buenas prácticas, pues un observatorio ciudadano serio no debería publicar solamente: “Estas son las diez municipalidades que incumplieron”. También debería poder decir: “Estas son las diez municipalidades que mejor están cumpliendo sus compromisos”, pues este control ciudadano también significa reconocer una buena gestión.
De la sanción a la prevención
Aquí probablemente esté el cambio conceptual más importante, pues revocatoria actúa cuando el conflicto ya existe. La observación cívica actuaría antes.
Si cada seis meses una autoridad sabe que ciudadanos de su propia localidad revisarán públicamente sus compromisos, presupuesto y proyectos, aparece un incentivo para explicar qué está haciendo. Y si los ciudadanos reciben información periódica, podrían utilizar mejor los mecanismos que ya existen.
La propia Ley N.º 26300 contempla la demanda de rendición de cuentas, mediante la cual los ciudadanos pueden interpelar a determinadas autoridades respecto de ejecución presupuestal y utilización de recursos. Por tanto, no necesitamos inventar toda una nueva arquitectura jurídica. Necesitamos conseguir que los ciudadanos aprendan a utilizar la que ya tienen.
Elecciones 2026: una oportunidad. Podría ser
Las ERM 2026 podrían constituir un extraordinario proyecto piloto y Transparencia podría seleccionar diez o veinte gobiernos regionales y municipalidades y comenzar durante la propia campaña electoral.
- Primera etapa - 2026: registrar compromisos electorales.
- Segunda etapa - enero de 2027: publicar las matrices de compromisos de las autoridades ganadoras.
- Tercera etapa - 2027: constituir observatorios ciudadanos locales y universitarios.
- Cuarta etapa - cada seis meses: publicar reportes de cumplimiento.
- Quinta etapa - 2028: realizar una evaluación ciudadana de mitad de mandato.
Para entonces los ciudadanos tendrían evidencia mucho más objetiva para evaluar a sus autoridades. Y quienes considerasen necesario recurrir a mecanismos legales de control podrían hacerlo sobre una ciudadanía mejor informada y no únicamente impulsados por disputas políticas locales.
De Transparencia Electoral a Transparencia Ciudadana
A mi juicio, quizás éste sea uno de los desafíos institucionales que aparecen después de treinta años. Transparencia nació ayudando a que los ciudadanos observaran cómo elegimos. Ahora podría ayudarnos también a observar cómo gobiernan aquellos que elegimos.
No significa abandonar la observación electoral. Al contrario. La observación de una elección sería el primer capítulo de un proceso mucho más largo: campaña, compromisos, elección, gestión, rendición de cuentas, evaluación ciudadana, nueva elección. Ese círculo permitiría conectar dos momentos que nuestra democracia mantiene artificialmente separados.
Cuando el ciudadano descubre que su participación sirve para algo más que depositar una cédula cada cuatro o cinco años, la democracia comienza a adquirir un significado cotidiano, y posiblemente allí encontremos también una respuesta al alejamiento de los jóvenes. No debemos pedirles simplemente que confíen en nuestras instituciones ni recordarles permanentemente que la democracia está en peligro. Debemos entregarles herramientas para examinarla, medirla, cuestionarla y mejorarla.
Hace treinta años necesitábamos miles de ciudadanos dispuestos a observar las mesas de votación. Hoy seguimos necesitándolos. Pero necesitamos algo más difícil: ciudadanos dispuestos a observar el poder durante los años que transcurren entre una elección y la siguiente. Quizás allí se encuentre la siguiente etapa de Transparencia.
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