El informe deja una primera conclusión fundamental. Las deficiencias identificadas no permiten cuestionar globalmente la expresión de la voluntad popular. La preocupación de Transparencia está dirigida, más bien, a las condiciones institucionales, jurídicas y operativas que deben ser mejoradas para que situaciones como las ocurridas en abril no vuelvan a repetirse. En ese sentido, su aporte es particularmente valioso porque no se limita a señalar errores. Propone modificaciones concretas y, en numerosos casos, identifica incluso al organismo responsable de ejecutarlas.
Una elección válida, pero con problemas que no deben repetirse
El episodio que domina buena parte del análisis de Transparencia es la jornada del 12 de abril. La distribución tardía del material electoral en Lima Metropolitana provocó que 187 mesas de votación no pudieran instalarse ese día, afectando a 55 mil 261 electores. La propia documentación citada por Transparencia recoge posteriormente las irregularidades detectadas en la contratación del transporte y distribución del material y equipos electorales.
La reacción institucional permitió finalmente que los ciudadanos afectados pudieran votar, pero para Transparencia la solución posterior no debe ocultar el problema original. La planificación logística falló y puso en riesgo un derecho fundamental.
Por ello, una de las preocupaciones centrales es fortalecer la capacidad de planificación, coordinación y ejecución de la ONPE. La experiencia demostró que una elección de esta magnitud requiere mecanismos de contingencia previamente definidos, proveedores y servicios adecuadamente supervisados y una capacidad de reacción que no dependa de decisiones improvisadas durante la jornada.
El informe también reconoce que, para la segunda elección presidencial, los organismos electorales adoptaron medidas correctivas. Transparencia destaca una mejor coordinación interinstitucional, mayor transparencia y publicidad de las actuaciones y, sobre todo, el arribo oportuno del material electoral. Es una constatación importante, pues el problema no fue solamente detectado, sino parcialmente corregido durante el propio proceso.
Miembros de mesa: un eslabón que requiere mayor atención
La propuesta tiene una lógica sencilla pero de enorme importancia. Cada error cometido en una mesa puede transformarse en un expediente, una observación, una audiencia o un recuento. Esto genera costos, demora la proclamación y alimenta innecesariamente las dudas sobre los resultados.
Transparencia observa, además, que solo el 52,23% de los miembros de mesa habían sido capacitados, sumando las modalidades presencial y virtual, antes de la primera elección. La utilización del STAE o Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio, exigió una capacitación específica para Lima Metropolitana y Callao y, al no utilizarse esa solución en la segunda vuelta, fue necesario realizar nuevas jornadas de capacitación. La lección parece evidente, pues la innovación tecnológica no puede introducirse sin considerar su impacto sobre quienes deben utilizarla.
Tecnología: innovar, pero con planificación
El STAE ocupa un lugar significativo en esta experiencia. Transparencia registra que la herramienta fue utilizada en la primera vuelta en Lima Metropolitana y Callao, pero no en la segunda elección presidencial. La modificación obligó a adecuar nuevamente la capacitación de los miembros de mesa.
Más que convertir el debate en una discusión entre tecnología y procedimientos manuales, el informe permite extraer una conclusión más útil. Cualquier solución tecnológica electoral debe ser suficientemente probada, acompañada de capacitación, contar con respaldo logístico y estar integrada a un procedimiento que los miembros de mesa puedan ejecutar sin dificultades.
La experiencia de 2026 demuestra, por tanto, que digitalizar no significa necesariamente simplificar. Una tecnología puede reducir determinados errores, pero también introducir nuevos puntos de falla si no existe una adecuada preparación.
El problema jurídico: demasiadas reglas y cambios durante el proceso
La preocupación no es meramente académica. Durante las elecciones de 2026 surgieron situaciones en las que las instituciones tuvieron que interpretar o adecuar procedimientos frente a circunstancias no suficientemente previstas por la legislación.
Transparencia considera particularmente delicado que se modifiquen reglas durante el desarrollo del proceso. Su propuesta es avanzar hacia un marco normativo más estable y previsible, capaz de incorporar desde antes las situaciones excepcionales que pueden presentarse durante una elección.
En esa línea, una recomendación especialmente interesante consiste en facultar legalmente al JNE para modificar, en circunstancias excepcionales y previamente tipificadas, el horario, la fecha o la duración de la jornada electoral. El informe señala que actualmente la duración y la fecha de la jornada constituyen hitos establecidos por ley y que el JNE no tiene expresamente atribuida la facultad para modificarlos. La propuesta busca evitar que, frente a una emergencia, las autoridades tengan que actuar en una zona jurídicamente incierta.
Fortalecer al JNE y proteger la independencia electoral
Transparencia también expresa preocupación por la independencia de las instituciones electorales. El informe advierte el riesgo de injerencia política asociado a eventuales investigaciones o juicios políticos contra integrantes del JNE. En materia de neutralidad, plantea otorgar al JNE una competencia más clara para determinar infracciones y aplicar sanciones desde la primera infracción al deber de neutralidad de autoridades y funcionarios públicos.
No se trata solamente de sancionar. La recomendación busca que el principio de neutralidad tenga consecuencias efectivas durante todo el proceso electoral y no únicamente cuando las conductas infractoras hayan adquirido una dimensión suficientemente grave.
Más derechos, mayor participación
El informe tampoco restringe su mirada a la administración electoral. Entre sus recomendaciones iniciales propone facilitar y promover el ejercicio del derecho de sufragio, particularmente de los peruanos residentes en el extranjero.
También plantea dejar sin efecto el precedente relacionado con el caso Gastón Ortiz Acha, que impide ejercer el sufragio activo a quienes se encuentran inhabilitados para ejercer función pública.
Estas propuestas muestran que Transparencia entiende la calidad electoral en un sentido amplio. No basta con organizar correctamente la votación; el sistema debe procurar que el mayor número posible de ciudadanos pueda ejercer efectivamente su derecho político.
La agenda que deja Transparencia
El mérito principal del informe es que no presenta las elecciones de 2026 como unos comicios con serios problemas institucionales, pero tampoco permite que las dificultades sean consideradas simples accidentes. La experiencia de abril reveló vulnerabilidades concretas en logística, capacitación, tecnología, normativa y coordinación institucional.
Las recomendaciones de Transparencia apuntan, en consecuencia, hacia una agenda de reformas que debería comenzar mucho antes de las próximas elecciones: mejor planificación logística; mayor capacitación de miembros de mesa; simplificación de actas; tecnología probada y adecuadamente respaldada; legislación electoral coherente y estable; reglas claras para enfrentar contingencias; protección de la autonomía del sistema electoral; mayor capacidad sancionadora frente a la falta de neutralidad; y mecanismos para facilitar la participación de quienes encuentran mayores dificultades para votar.
En varios de estos aspectos existen coincidencias con las observaciones formuladas por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea. Pero el valor específico del informe de Transparencia está en que sus recomendaciones surgen de una observación nacional de largo plazo y se traducen en propuestas dirigidas concretamente al Congreso, al JNE, a la ONPE y a otros actores.
La principal preocupación que queda abierta es, precisamente, qué se hará con estas recomendaciones. Un informe de observación electoral cumple plenamente su propósito cuando sus hallazgos se transforman en decisiones institucionales antes del siguiente proceso. Las Elecciones Generales 2026 ofrecieron al Perú una oportunidad excepcional para identificar sus debilidades. La agenda formulada por Transparencia constituye un mapa bastante preciso de lo que debería corregirse ahora, cuando todavía existe tiempo para hacerlo y antes de que las próximas elecciones vuelvan a poner a prueba al sistema.
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