Si bien las Elecciones Generales de 2026 pueden calificarse como efectivas, habida cuenta de que la ciudadanía sufragó, se escrutaron los votos, absolvieron las impugnaciones, y se publicaron oficialmente los resultados, desde el punto de vista organizacional, también quedaron al descubierto problemas que el Perú arrastra desde hace varios procesos electorales y que requieren una respuesta integral. Aprovecho esfos apuntes para iniciar la revisión.
A mi juicio, el primero de ellos es la creciente fragmentación del sistema de partidos. La presencia de un elevado número de organizaciones políticas produjo una oferta electoral extremadamente dispersa, con una cédula de sufragio de excepcional tamaño y un escenario de competencia en el que muchos partidos alcanzaron votaciones reducidas. Si bien la legislación incorpora una valla electoral para acceder a la distribución de escaños, la experiencia de 2026 demuestra que este mecanismo, por sí solo, no resuelve el problema de la atomización política ni facilita la construcción de mayorías parlamentarias estables.
La fragmentación tiene efectos que van más allá de la elección. Complica la gobernabilidad, incrementa los costos de negociación política y dificulta la formación de consensos legislativos, especialmente en un Congreso bicameral que exige mayores niveles de coordinación entre ambas cámaras.
Un segundo aspecto crítico es la comunicación institucional durante el escrutinio. Aunque la ONPE publicó de manera progresiva el avance del procesamiento de actas y el Jurado Nacional de Elecciones resolvió las controversias conforme a los procedimientos legales, el ritmo propio del escrutinio oficial y las explicaciones oficialmente brindadas no siempre coincidieron con la expectativa ciudadana de conocer resultados con rapidez y absolver sus dudas en torno a las campañas de fraudismo.
En un entorno dominado por las redes sociales, donde la información circula en tiempo real, cualquier demora es rápidamente ocupada por especulaciones, interpretaciones parciales o noticias falsas, como la campaña sobre un presunto fraude orquestada por candidatos que ya preveían su derrota, es crucial la respuesta que brindan los organismos electorales, hecho que hemos observado en numerosos procesos electorales recientes en América Latina y otras regiones.
La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendó fortalecer la estrategia de comunicación pública de las autoridades electorales, especialmente en las etapas posteriores a la jornada de votación, cuando aumenta la demanda de información oficial y proliferan narrativas desinformativas. Asimismo, sugirió reforzar la alfabetización mediática y la cooperación con plataformas digitales para reducir el impacto de la desinformación.
Otro aspecto que merece atención es el tratamiento de las actas observadas, pues aunque representan un porcentaje reducido del total, suelen concentrar gran parte de la atención pública porque su revisión puede prolongarse durante varios días o semanas, especialmente cuando la diferencia entre candidaturas es estrecha.
La experiencia de 2026 confirma que el procedimiento de revisión ofrece garantías jurídicas suficientes. Sin embargo, también demuestra que la ciudadanía conoce poco sobre el funcionamiento de este mecanismo. Para muchos electores, una "acta observada" se interpretaba erróneamente como una prueba de fraude, cuando en realidad puede obedecer a inconsistencias numéricas, errores materiales, omisiones de firma u otras incidencias previstas en la normativa electoral.
En este punto, la recomendación no consiste únicamente en mejorar los procedimientos internos, sino en explicar de manera sencilla, transparente y oportuna cómo se resuelven estas observaciones y cuál es su impacto real en los resultados.
Otro aspecto aparentemente clave es la desinformación, la cual se afianza como una nueva amenaza para la integridad electoral. Si las elecciones de 2021 estuvieron marcadas por la polarización política, las de 2026 evidenciaron con mayor claridad el peso de la desinformación digital. Durante la campaña y, sobre todo, después de la jornada electoral, circularon en redes sociales mensajes que cuestionaban la legitimidad del proceso, difundían cifras sin respaldo oficial o atribuían irregularidades sin evidencia verificable.
La Misión de Observación Electoral de la OEA reconoció la solidez técnica del proceso electoral peruano y exhortó a todos los actores políticos a respetar los canales institucionales para presentar reclamaciones, evitando declaraciones que pudieran erosionar la confianza ciudadana sin sustento probatorio. Asimismo, reiteró que la transparencia y el respeto a los procedimientos legales son pilares fundamentales de la democracia.
La experiencia internacional demuestra que la desinformación ya no puede considerarse un problema exclusivamente comunicacional. Constituye un riesgo para la integridad electoral y debe ser enfrentada mediante estrategias preventivas, campañas de educación cívica, mecanismos de verificación y una presencia institucional más activa en el entorno digital.
Finalmente, las Elecciones Generales de 2026 también ofrecen la oportunidad de evaluar el desempeño de la organización electoral peruana como conjunto. En este afán, la ONPE volvió a demostrar una importante capacidad logística y operativa. Organizar un proceso con múltiples elecciones simultáneas, nuevas circunscripciones senatoriales y millones de electores representó un desafío considerable que fue afrontado con solvencia técnica, aún a pesar de los lamentables inconvenientes experimentados en algunos locales de votación de Lima Metropolitana.
El RENIEC, por su parte, cumplió un papel esencial en la elaboración del padrón electoral y en la actualización de la información de los ciudadanos habilitados para votar, una tarea que suele pasar inadvertida para la opinión pública, pero que resulta indispensable para garantizar el ejercicio del sufragio.
El Jurado Nacional de Elecciones enfrentó una intensa carga jurisdiccional derivada de la inscripción de candidaturas, la fiscalización del proceso y la resolución de recursos durante el escrutinio oficial. Empero, la experiencia de la gestión desempeñada, especialmente en primera vuelta, confirma la urgencia de seguir fortaleciendo su capacidad resolutiva y de ejecutar determinados procedimientos sin afectar las garantías del debido proceso.
En términos generales, en medio de todo, los tres organismos actuaron dentro del marco constitucional y legal, preservando la continuidad institucional y ofreciendo un desempeño reconocido por las misiones de observación internacional.
Diez reformas prioritarias antes de las elecciones de 2031
A la luz de las lecciones que dejan estos comicios y a mi juicio, el país debería iniciar cuanto antes un proceso de reforma electoral orientado a fortalecer la confianza ciudadana y mejorar la eficiencia del sistema. Entre las prioridades que distingo destacan:
1. Revisar el régimen de inscripción y permanencia de los partidos políticos, promoviendo organizaciones reales con mayor representatividad y vida institucional.
2. Mejorar el diseño de las cédulas de sufragio, procurando que sean más intuitivas, impidan errores y alteraciones en los votos, y reduzcan el tiempo de votación.
3. Modernizar el procesamiento de resultados, incorporando tecnología que acelere eficazmente la transmisión de resultados desde mesa, digitación, verificación y publicación de actas.
4. Optimizar la gestión de los miembros de mesa, simplificando procesos, evitando errores u olvidos, y mejorando su capacitación tanto presencial como remota.
5. Perfeccionar tratamiento de actas observadas, agilizando resolución y mejorando la información que se brinda sobre causas y efectos de cada observación.
6. Impulsar una estrategia permanente contra la desinformación, basada en información oficial oportuna, verificación de datos, y mayores faxcilidades para la educación digital.
7. Reforzar la educación cívica y electoral, incorporando contenidos sobre democracia, sistema político y funciones de los organismos electorales en el sistema educativo.
8. Evaluar mejoras para el voto de los peruanos residentes en el extranjero, aprovechando herramientas tecnológicas seguras y experiencias comparadas.
9. Incrementar la transparencia del financiamiento de campañas, informando sobre montos y objeto de los mismos, y fortaleciendo los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
10. Promover una reforma electoral integral, evitando modificaciones parciales y de último momento que generan incertidumbre tanto en organismos electorales como en actores políticos.
2. Mejorar el diseño de las cédulas de sufragio, procurando que sean más intuitivas, impidan errores y alteraciones en los votos, y reduzcan el tiempo de votación.
3. Modernizar el procesamiento de resultados, incorporando tecnología que acelere eficazmente la transmisión de resultados desde mesa, digitación, verificación y publicación de actas.
4. Optimizar la gestión de los miembros de mesa, simplificando procesos, evitando errores u olvidos, y mejorando su capacitación tanto presencial como remota.
5. Perfeccionar tratamiento de actas observadas, agilizando resolución y mejorando la información que se brinda sobre causas y efectos de cada observación.
6. Impulsar una estrategia permanente contra la desinformación, basada en información oficial oportuna, verificación de datos, y mayores faxcilidades para la educación digital.
7. Reforzar la educación cívica y electoral, incorporando contenidos sobre democracia, sistema político y funciones de los organismos electorales en el sistema educativo.
8. Evaluar mejoras para el voto de los peruanos residentes en el extranjero, aprovechando herramientas tecnológicas seguras y experiencias comparadas.
9. Incrementar la transparencia del financiamiento de campañas, informando sobre montos y objeto de los mismos, y fortaleciendo los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.
10. Promover una reforma electoral integral, evitando modificaciones parciales y de último momento que generan incertidumbre tanto en organismos electorales como en actores políticos.
A estas posibles reformas que distingo, sumaré las que estarían proponiendo las distintas misiones de observación electoral a través de sus informes finales. Voy a revisar cada pliego y haré los apuntes necesarios.
Reflexión final
Las Elecciones Generales de 2026 no deben ser recordadas únicamente por sus resultados políticos o por el retorno del Congreso bicameral. Su verdadero legado radica en las lecciones que ofrecen para el futuro de la democracia peruana.
Los informes de la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea y la Asociación Civil Transparencia convergen en un mensaje fundamental. El Perú cuenta con un sistema electoral técnicamente sólido y con instituciones que gozan de reconocimiento internacional. No obstante, también coinciden en la necesidad de fortalecer su reconocimiento nacional, la comunicación institucional, combatir la desinformación, perfeccionar el marco normativo y profundizar la educación cívica.
Las reformas pendientes no deberían entenderse como una respuesta a una crisis, sino como una oportunidad para anticiparse a los desafíos de una democracia cada vez más exigente. Modernizar la organización electoral no significa alterar sus principios fundamentales, sino preservar aquello que ha demostrado funcionar y corregir aquello que la experiencia revela como insuficiente.
En última instancia, la fortaleza de una democracia no se mide solo por su capacidad para organizar elecciones, sino por su disposición para aprender de ellas. Si las lecciones de 2026 se traducen en reformas oportunas, el Perú llegará a las elecciones generales de 2031 con instituciones más sólidas, procedimientos más eficientes y una ciudadanía mejor preparada para ejercer el derecho que da sentido a toda democracia: elegir libremente a sus representantes.
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