Un calendario que vuelve a cambiar
Haití no celebra elecciones generales desde el 2016. La crisis política se agravó después del asesinato del presidente Jovenel Moise en julio del 2021 y, desde enero del 2023, el país quedó sin Parlamento electo. Los sucesivos intentos de organizar elecciones fueron postergados por la violencia, la crisis institucional y la ausencia de condiciones mínimas de seguridad.
En diciembre de 2025 se había establecido un calendario que contemplaba elecciones presidenciales y legislativas para el 30 de agosto de 2026. Sin embargo, el CEP debió admitir que los preparativos no podían avanzar de acuerdo con ese cronograma. En abril incluso fue suspendido el inicio de la inscripción de electores que estaba previsto para ese mes.
El nuevo calendario constituye, por tanto, un segundo intento. El CEP fijó ahora al 13 de diciembre de 2026 para ejecutar la primera vuelta de las elecciones presidenciales y legislativas. La segunda vuelta está prevista para el 21 de febrero de 2027, mientras que los resultados definitivos deberían ser proclamados el 7 de marzo. El cronograma incorpora además la consulta sobre modificaciones constitucionales y posteriormente las elecciones de autoridades territoriales. (Nota periodística)
El cambio de agosto a diciembre no es un simple ajuste administrativo. Proporciona aproximadamente tres meses adicionales para completar el padrón, seleccionar candidatos, capacitar personal y, sobre todo, intentar recuperar condiciones mínimas de seguridad. Pero también contiene una advertencia. Si durante esos tres meses la situación de seguridad no mejora, el problema reaparecerá en noviembre con exactamente la misma intensidad.
¿Qué se elegirá?
Como comentábamos en nuestros primeros apuntes, la primera vuelta contempla la elección del Presidente de la República y de los representantes del Poder Legislativo, además de una consulta constitucional. El proceso busca restablecer una representación nacional que Haití prácticamente perdió durante la crisis política.
La Cámara de Diputados y el Senado volverán a constituirse después de años de funcionamiento incompleto y, finalmente, se prevén elecciones de autoridades locales y territoriales en febrero de 2027. Es decir, no se trata solamente de escoger un nuevo presidente, el objetivo es reconstruir el conjunto de las instituciones representativas.
La magnitud política del proceso explica también el extraordinario número de organizaciones políticas que intentan participar. Hasta marzo de este año ya se habían registrado alrededor de 280 partidos y agrupaciones políticas, una cifra que muestra tanto la pluralidad existente como la extraordinaria fragmentación del sistema partidario haitiano. (Nota periodística)
El padrón: una operación electoral en medio del desplazamiento
Aquí es importante distinguir entre el universo potencial de votantes y el padrón efectivo. Antes de la crisis electoral se manejaban cifras superiores a seis millones de electores potenciales. El CEP está intentando construir ahora un registro actualizado mediante la identificación ciudadana y la inscripción de nuevos votantes.
El problema es que la población haitiana ya no domicilia adonde figuraba cuando se confeccionaron los registros anteriores, pues se mudan con mucha rapidez. La violencia ha provocado el desplazamiento interno de más de un millón de personas y ha destruido o interrumpido la vida normal de numerosas comunidades. Reuters estima que alrededor del 12% de la población se encuentra desplazada como consecuencia de la violencia.
¿Cómo se podría evitar que una persona desplazada quede excluida? ¿Cómo se asigna posteriormente su centro de votación? Y, más importante todavía, ¿cómo se registra a alguien que vive en una zona donde el Estado no puede garantizar la apertura de una oficina electoral?
El CEP había identificado ya alrededor de 1 mil 400 centros de votación susceptibles de ser utilizados para las operaciones electorales, pero esa identificación técnica no significa que todos puedan funcionar el día de la elección. Por eso, en Haití el padrón no debe analizarse exclusivamente como una base de datos. Es también un mapa de la presencia efectiva del Estado.
El verdadero problema: las organizaciones armadas
Entre los grupos que han adquirido particular relevancia también está Gran Grif, especialmente activo en el departamento de Artibonite. Su importancia demuestra que el problema ya no puede describirse como una cuestión exclusiva de Puerto Príncipe. Estas bandas desarrollan actividades que combinan control territorial, extorsión, secuestro, tráfico de armas y drogas y control de rutas, y curiosamente, en determinados sectores sustituyen de facto las funciones del Estado, regulando movimientos, cobrando dinero y determinando quién puede entrar o salir.
La consecuencia electoral es evidente. Un candidato puede inscribirse ante el CEP, pero no necesariamente puede hacer campaña, un ciudadano puede estar registrado, pero no necesariamente puede llegar a votar, y una mesa puede estar planificada, pero no necesariamente puede ser instalada.
Los esfuerzos para recuperar el control
El Gobierno haitiano y la comunidad internacional han intentado responder mediante una combinación de Policía Nacional Haitiana, Fuerzas Armadas y apoyo internacional. La misión internacional inicialmente encabezada por Kenia no consiguió producir una transformación suficiente de la situación. Posteriormente se estructuró la Gang Suppression Force (GSF), con respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El objetivo era llegar a una fuerza internacional de hasta aproximadamente 5 mil 500 efectivos, con participación de varios países. (Nota periodística)
El problema es que el despliegue internacional no ha alcanzado todavía esa capacidad máxima. La transición entre la antigua misión multinacional y la nueva fuerza ha sido lenta y la situación de seguridad continúa siendo extremadamente difícil. También se han empleado operaciones aéreas y drones contra posiciones de las bandas. Estas operaciones han generado un fuerte debate por las denuncias de víctimas civiles y por la utilización de empresas privadas de seguridad vinculadas a operaciones contra grupos armados.
Por otro lado, el Gobierno ha intentado recuperar corredores estratégicos, particularmente carreteras y accesos a Puerto Príncipe. Este punto es fundamental pues una elección no se gana solamente recuperando edificios públicos; hay que recuperar las vías que permiten transportar materiales electorales y que permiten a los ciudadanos llegar a las mesas.
¿Puede realizarse la elección?
No obstante, existen riesgos extraordinarios. El primero es que las bandas mantengan el control de sectores decisivos de Puerto Príncipe. El segundo es que las rutas de comunicación continúen siendo inseguras. El tercero es el desplazamiento de la población. El cuarto es la imposibilidad de proteger centros y mesas de votación. El quinto es que determinados candidatos o electores puedan ser objeto de intimidación.
Por ello, el escenario más preocupante no necesariamente es que no haya elección. Puede ser algo más complejo. Que haya elección, pero sólo en una parte del territorio. Una elección parcialmente realizada produciría una serie de preguntas jurídicas y políticas difíciles de resolver: ¿qué porcentaje del electorado debe poder votar para que los resultados sean legítimos? ¿Qué ocurre con las circunscripciones donde no pudieron instalarse mesas? ¿Se repite la votación? ¿Se excluyen determinados territorios? ¿Puede elegirse un presidente mientras una parte significativa de la población no tuvo acceso a las urnas? Estas preguntas son especialmente delicadas en un país donde la legitimidad de las instituciones ya es extremadamente baja.
¿Quieren realmente votar los haitianos?
Esa es una de mis usuales preocupaciones en escenarios como este, pero aquí aparece una de las dimensiones más interesantes del proceso. Sería equivocado interpretar la desconfianza hacia las instituciones como una pérdida completa de interés por la democracia. Los estudios disponibles muestran una situación más contradictoria, Los haitianos desconfían profundamente de las instituciones electorales, pero no necesariamente han abandonado la idea de elegir democráticamente a sus gobernantes.
El AmericasBarometer de LAPOP encontró en el 2023 que solamente 24% de los haitianos confiaba en el sistema electoral y apenas 12% se declaraba satisfecho o muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia. Lo cual era una caída extraordinaria pues en el 2014 la satisfacción con la democracia alcanzaba aproximadamente 41%. (Reporte)
Pero existe un dato todavía más revelador. Una encuesta realizada por Policité en enero de 2024, con 2 mil 853 entrevistados, encontró que 93% no confiaba en el sistema electoral. Sin embargo, eso no significaba que todos rechazaran votar. 29% manifestó algún grado de disposición a participar en una futura elección, mientras que otro 21% señaló que su decisión dependería de la situación de seguridad.
La conclusión es importante. El problema no parece ser que los haitianos hayan dejado de creer en la democracia; es que han dejado de confiar en que las instituciones sean capaces de producir una democracia efectiva y segura. En otras palabras, la pregunta del ciudadano haitiano probablemente no sea simplemente "¿quiero votar?". Es más bien ¿Puedo votar sin poner en peligro mi vida y, si voto, ese voto realmente cambiará algo? Esa diferencia resulta fundamental.
¿Creen los haitianos en su país?
La respuesta tampoco es sencilla. La sociedad haitiana presenta una profunda frustración con el Estado, los partidos, las élites políticas y las instituciones. Las redes clientelares, la corrupción, la violencia y la impunidad han erosionado severamente la confianza. Freedom House señala precisamente que las opciones políticas de los ciudadanos están condicionadas por redes de patronazgo, crimen organizado y actores externos. Pero desconfianza institucional no equivale necesariamente a rechazo de Haití como nación.
La persistencia de organizaciones sociales, medios, iglesias, asociaciones comunitarias, movimientos políticos y ciudadanos que continúan demandando elecciones demuestra que existe todavía una expectativa de reconstrucción nacional. La propia existencia de cientos de organizaciones políticas interesadas en competir es una señal de que la política electoral conserva atractivo, aunque esté profundamente desacreditada.
Por eso sería más preciso decir que los haitianos parecen conservar una expectativa de democracia, pero han perdido buena parte de la confianza en que el Estado pueda garantizarla.
Finalmente, una elección que puede ser más importante que su resultado
En este afán, esta elección que se nos viene puede ser más importante que su resultado. Será mucho más que una competencia entre candidatos. Su importancia estará en determinar si Haití puede recuperar el principio básico de cualquier democracia. Que el Estado sea capaz de garantizar que un ciudadano pueda desplazarse hasta una mesa, votar libremente y regresar a su casa sin que una organización armada determine si puede hacerlo.
El nuevo calendario ofrece una oportunidad. El CEP está trabajando, la inscripción comenzó y existe apoyo internacional. Pero la ventana de oportunidad es estrecha. Para que el 13 de diciembre sea viable tendrán que coincidir cinco condiciones: un padrón suficientemente amplio y actualizado; recursos financieros; capacidad logística; una mejora sustancial de la seguridad; y confianza mínima de los ciudadanos para acudir a votar.
De ellas, las cuatro primeras dependen en buena medida de las autoridades y de la comunidad internacional. La quinta —la voluntad del ciudadano de acudir a las urnas— dependerá de las anteriores. Y aquí reside la paradoja haitiana. Para que los haitianos vuelvan a creer en las elecciones, primero tienen que comprobar que el Estado puede protegerlas. Pero para que el Estado recupere legitimidad, necesita precisamente unas elecciones que los ciudadanos puedan considerar libres, seguras e inclusivas.
Haití se encuentra atrapado en ese círculo. Diciembre de 2026 puede representar el comienzo de su salida o convertirse en otra fecha más de un calendario electoral que la realidad terminó por impedir. El indicador decisivo no será solamente si se instalan las mesas de votación el 13 de diciembre, sino cuántos haitianos podrán efectivamente llegar hasta ellas y en cuántos de los territorios del país el Estado habrá conseguido recuperar el derecho exclusivo de organizar, proteger y contar una elección.
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